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La gestión se produce cuando los habitantes de Carolina del Norte luchan por acceder a atención urgente en medio de una crisis de salud pública

RALEIGH, NC — Proveedores de aborto en Carolina del Norte y SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective presentaron hoy una solicitud de medida cautelar prelimirar sobre la demanda que anteriormente impugnaba varias restricciones médicamente innecesarias al aborto —que han hecho que el aborto esté fuera del alcance de muchas personas en el estado— y ha estigmatizado la atención médica esencial. La gestión de hoy le pide al tribunal que otorgue una orden judicial preliminar parcial mientras el resto del caso, que se presentó en 2020, procede en la corte. Si se otorga, una orden judicial bloquearía la prohibición de Carolina del Norte que no permite que los clínicos de práctica avanzada calificados (APC, por sus siglas en inglés) —tales como asistentes médicos, enfermeras parteras certificadas y enfermeras practicantes— realicen abortos con medicamentos.

En los meses transcurridos desde que la Corte Suprema de EE. UU. anuló el precedente de Roe vs. Wade y desencadenó una crisis de salud pública, cientos de pacientes de los estados vecinos se vieron obligados a viajar a Carolina del Norte para recibir servicios de aborto. A pesar de los esfuerzos de los proveedores de servicios de aborto para aumentar las citas disponibles y ampliar el acceso para los pacientes, la gran afluencia de pacientes de otros estados ha provocado largos tiempos de espera para los habitantes de Carolina del Norte que necesitan cuidados de salud. Obligados a retrasar su atención, es posible que esos pacientes a su vez tengan que viajar más lejos para obtener los abortos que necesitan —un esfuerzo costoso que ya está fuera del alcance de muchos— o renunciar a acceder al aborto por completo y llevar a término un embarazo en contra de su voluntad.

Los riesgos de verse obligados a llevar a término un embarazo no deseado no son iguales para todos los habitantes de Carolina del Norte: son peores para quienes luchan contra la pobreza y quienes viven en áreas rurales. Según los proveedores del estado, permitir que los APC calificados brinden abortos con medicamentos expandiría drásticamente el acceso al aborto a los habitantes de Carolina del Norte y permitiría que más pacientes eviten esos daños.

“La prohibición de que clínicos calificados de práctica avanzada brinden abortos con medicamentos es completamente arbitraria, médicamente innecesaria y limita profundamente el acceso al aborto en Carolina del Norte”, dijo Anne Logan Bass, enfermera practicante en Planned Parenthood South Atlantic. “Los enfermeros parteros certificados y enfermeros practicantes como yo somos profesionales médicos altamente capacitados, que estamos calificados para brindar esta atención. En otros estados esto ya funciona así, pero no en Carolina del Norte. Hoy, le pedimos a la corte que ayude a aliviar esta crisis de salud, eliminando una barrera innecesaria a la atención, para que más habitantes de Carolina del Norte puedan acceder a una gama completa de servicios de salud reproductiva, incluyendo la atención del aborto urgente, en su propio estado”.

“La capacidad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo, la salud y el futuro es un derecho humano fundamental”, dijo Jaclyn Maffetore, abogada de ACLU de North Carolina Legal Foundation. “La prohibición injustificada del estado de que los clínicos de práctica avanzada proporcionen abortos con medicamentos priva a muchas personas de Carolina del Norte de este derecho, al restringir arbitrariamente el acceso a la atención. Los ataques contra el aborto impactan desproporcionadamente a quienes ya están marginados, lo que limita el acceso a la atención médica para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Al pedirle a la corte que bloquee de inmediato esta restricción, promovemos nuestra lucha por la justicia reproductiva en nuestro estado”.

Los principales expertos médicos como el American College of Obstetricians and Gynecologists y la American Public Health Association están de acuerdo en que los APC están calificados para brindar atención integral de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto. Los APC ya están autorizados para tratar a pacientes que experimentan un aborto espontáneo y aquellos que necesitan la inserción de un dispositivo intrauterino (DIU) mediante la administración de los mismos medicamentos que se usan en la atención del aborto. Los APC también están autorizados a recetar regularmente medicamentos de riesgo comparable o mayor que los utilizados para el aborto con medicamentos —incluyendo los reemplazos hormonales de la menopausia, la profilaxis del VIH previa a la exposición y el tratamiento de infecciones pélvicas— además de realizar procedimientos médicos complejos como biopsias endometriales. Destacar el aborto con medicamentos, una parte segura y estándar de la atención de la salud reproductiva, perjudica arbitrariamente a los pacientes en North Carolina, al limitar su acceso a la atención segura y esencial sin motivo médico.

El acceso al aborto ya está limitado en Carolina del Norte debido a décadas de ataques políticos. El 91% de los condados del estadono tienen un proveedor de servicios de aborto, lo que perjudica de manera desproporcionada a las comunidades rurales.

Los demandantes en el caso son Planned Parenthood South Atlantic, SisterSong, tres médicos y un clínico de práctica avanzada. Están representados por Planned Parenthood Federation of America, American Civil Liberties Union (ACLU), ACLU of North Carolina Legal Foundation y Goodwin.

Puedes encontrar una copia de la moción aquí.

Puedes encontrar una copia de la demanda aquí.

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