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ATLANTA — Esta semana, los proveedores y defensores del aborto de Georgia fueron a juicio, buscando bloquear la prohibición estatal del aborto después de aproximadamente seis semanas de embarazo. Durante más de tres meses, la prohibición ha obligado a los habitantes de Georgia a viajar fuera del estado para recibir atención esencial, incluso bajo emergencia; continuar sus embarazos en contra de su voluntad; o autogestionar su aborto sin apoyo médico. Durante dos días de testimonios ante la Corte Superior del Condado de Fulton, la corte escuchó a los expertos sobre los daños de la prohibición de seis semanas y los demandantes pidieron que el tribunal bloqueara permanentemente la prohibición lo antes posible.

La impugnación de la corte estatal, SisterSong vs. State of Georgia, se presentó en julio, poco después de que una corte federal de apelaciones suspendió una orden judicial contra la prohibición (la ley H.B. 481), permitiéndole entrar en vigencia por primera vez desde que se convirtió en ley en 2019. La demanda no solo afirma que la Constitución de Georgia contiene fuertes protecciones para la privacidad individual y prohíbe la interferencia política en decisiones de embarazo, además afirma que la ley no tenía efecto bajo la Constitución federal cuando se promulgó en 2019. La demanda también impugna una disposición de la ley H.B. 481, que viola aún más los derechos de privacidad de los habitantes de Georgia, al dar a los fiscales acceso sin restricciones a los registros médicos privados de los pacientes de aborto, sin el debido proceso.

Declaración de Monica Simpson, directora ejecutiva, SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective: 

“Este juicio es sobre nuestro derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, por eso es que lo que está en juego no podría ser más importante. Georgia tiene una de las prohibiciones de aborto más estrictas del país. Como ocurre con todas las políticas que eliminan derechos, niegan acceso y vigilan cuerpos, la prohibición está inmersa en una agenda supremacista blanca destinada a afectar de manera desproporcionada a las comunidades de personas que no son blancas. Durante meses, las personas se han visto obligadas a llevar sus embarazos a término o cruzar las fronteras estatales para acceder a atención médica, y correr el riesgo de criminalización. Es hora de poner fin a esta interferencia política que es extremista y cruel con nuestras decisiones de atención médica, nuestra autonomía corporal y nuestras vidas. Las personas de Georgia merecen justicia reproductiva”.

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America: 

“Durante más de tres meses, los habitantes de Georgia han tenido que sufrir las consecuencias de esta devastadora prohibición del aborto, viviendo con menos derechos que los estadounidenses en otros estados. Esta prohibición inconstitucional del aborto ha obligado a las personas más allá de las primeras etapas del embarazo a encontrar los recursos para salir de su estado en busca de atención, o continuar con embarazos en contra de su voluntad. Como todas las restricciones al aborto, la prohibición de Georgia ha dañado de manera desproporcionada a las comunidades que no son blancas como la negra e indígena que ya enfrentan barreras a la atención médica; personas con bajos ingresos; y quienes viven en comunidades rurales. Le hemos pedido a la corte que ponga fin a este trauma infligido por el estado, para que los proveedores en Georgia puedan atender a los pacientes que los necesitan. Planned Parenthood y nuestros socios continuarán la lucha para restaurar el derecho al aborto en Georgia, sin importar lo que pase”.

Durante el juicio, expertos médicos —incluyendo la demandante y proveedora de servicios de aborto, Dra. Carrie Cwiak; la experta en salud pública, Dra. Whitney Rice; la experta en psiquiatría reproductiva, Dra. Samantha Meltzer-Brody; la técnica de ultrasonido Gloria Nesmith; y la experta en medicina materno-fetal, Dra. Martina Badell— testificaron que la prohibición del aborto ha tenido y seguirá teniendo consecuencias devastadoras para la salud de los habitantes de Georgia. La prohibición obliga a los habitantes de Georgia que desean abortar después de las primeras semanas de embarazo, a viajar cientos o incluso miles de millas para recibir atención, y eso solo si pueden reunir los recursos para hacerlo. Los habitantes de Georgia y otras personas que buscan atención en estados donde aún es legal enfrentan largos tiempos de espera para las citas. Aquellas personas que no pueden superar las tremendas barreras financieras y logísticas de obtener servicios de aborto en otros estados, se ven obligadas a llevar su embarazo a término y dar a luz en contra de su voluntad.

La evidencia muestra que la denegación de un aborto puede tener consecuencias financieras y de salud duraderas para las personas y sus familias, incluyendo riesgos elevados para la salud durante y después del embarazo; planes educativos, profesionales y de vida descarrilados; y cuatro veces la probabilidad de vivir por debajo del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés). Para algunas personas, las consecuencias de la prohibición pueden ser mortales. Los habitantes negros de Georgia enfrentan barreras para acceder a la atención de la salud reproductiva debido al racismo estructural dentro del sistema de atención médica. Como resultado, las mujeres negras en Georgia experimentan una tasa de mortalidad materna y complicaciones del embarazo dos veces mayor que la de las mujeres blancas no hispanas.

Este caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles; la ACLU (por sus siglas en inglés) de Georgia; el Centro de Derechos Reproductivos; Planned Parenthood Federation of America; y los bufetes de abogados Caplan Cobb y Bondurant Mixson & Elmore, con sede en Georgia, en nombre de SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective, Feminist Women’s Health Center, Planned Parenthood Southeast, Inc., Atlanta Comprehensive Wellness Clinic, Atlanta Women’s Medical Center, FemHealth USA d/b/a carafem, Summit Medical Associates, P.C., Carrie Cwiak, M.D., M.P.H., Lisa Haddad, M.D., M.S., M.P.H., Eva Lathrop, M.D., M.P.H., y Medical Students for Choice.

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