La Corte Suprema de Georgia permite que la prohibición del aborto de seis semanas vuelva a entrar en vigencia 

ATLANTA — La Corte Suprema de Georgia otorgó hoy una suspensión de emergencia de la orden judicial de una corte inferior —lo que permite que la prohibición del aborto de seis semanas entre en vigencia una vez más— mientras continúa la apelación del estado. La prohibición, que había sido bloqueada hace apenas una semana, prohíbe los abortos desde las primeras semanas de embarazo, cuando muchas personas aún no saben que están embarazadas. La Corte también rechazó la solicitud de los proveedores de servicios de aborto, que pidieron un aviso de 24 horas antes de que se reestableciera la prohibición. Hoy en día, los pacientes en las salas de espera están siendo rechazados y obligados a buscar atención médica en otro lugar, o a llevar embarazos a término en contra de su voluntad. 

La orden de la Corte Suprema no explica por qué concede la solicitud del estado de suspender la orden de la corte de primera instancia del 15 de noviembre, que anuló la prohibición de seis semanas. El juez de la corte superior de Fulton, Robert McBurney, explicó en su decisión que según la Constitución de Georgia, las leyes que violan dicha Constitución o la de los Estados Unidos cuando se aprueban, quedan nulas para siempre. Y cabe recordar que cuando el gobernador Brian Kemp promulgó esta prohibición de seis semanas en la primavera de 2019, el precedente de Roe vs. Wade todavía estaba en vigor.

Bajo más de un siglo de precedente de la Corte Suprema de Georgia, un cambio posterior en el panorama constitucional no puede revivir una ley que fue nula desde el principio. En cambio, si la legislatura desea prohibir el aborto, debe aprobar una nueva ley “bajo la clara mirilla de la atención pública que, sin duda y de manera adecuada, atenderá un debate tan importante y consecuente”, escribió el juez McBurney en su orden. Pero, la orden de la Corte Suprema de hoy permite que la prohibición vuelva a estar vigente mientras continúa la apelación; sin dar a los votantes de Georgia, a través de sus representantes electos, la oportunidad de opinar. 

Hay evidencia que demuestra que el negarle un aborto a las personas puede tener consecuencias financieras y de salud a largo plazo para ellas mismas y su familia, incluyendo riesgos de salud elevados durante y después del embarazo; y la descarrilación de planes educativos, profesionales y de vida. Para algunos, las consecuencias de la prohibición pueden ser mortales. Los habitantes negros de Georgia enfrentan innumerables barreras para acceder a la atención de la salud reproductiva, incluyendo el racismo estructural dentro del sistema de atención médica. Como resultado, las mujeres negras en Georgia experimentan una tasa de mortalidad materna y complicaciones del embarazo dos veces mayor que la de las mujeres blancas no hispanas. 

A continuación, las declaraciones de los demandantes y litigantes:

“Si bien fue decepcionante y profundamente frustrante, no nos sorprendió que la administración de Kemp presentara una petición de suspensión de emergencia luego de la decisión de la semana pasada”, dijo Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective, el demandante principal en el caso. “El gobernador y el fiscal general de Georgia están redoblando esfuerzos para controlar el acceso a la atención de la salud reproductiva, y aunque se otorgó la suspensión, no dejaremos de luchar hasta que desaparezca esta prohibición basada en la supremacía blanca. Todos los habitantes de Georgia, incluyendo las mujeres negras y las personas queer, trans, que perciben bajos ingresos y viven en áreas rurales, deben tener la libertad de decidir si quieren tener hijos y cuándo tenerlos, y de criar a las familias que ya tienen en comunidades prósperas. Seguimos hacia adelante sin desanimarnos, para que esta visión se haga realidad”.

“Es cruel que a nuestros pacientes se les haya arrebatado una vez más la capacidad para acceder a los cuidados de salud reproductiva que necesitan. Por segunda vez este año, nos vemos obligados a rechazar a quienes necesitan servicios de aborto después de las seis semanas de embarazo”, dijo Kwajelyn Jackson, directora ejecutiva del Feminist Women's Health Center. “Esta prohibición ha causado estragos en la vida de los habitantes de Georgia, y nuestros pacientes merecen algo mejor. Seguiremos luchando para proteger a nuestros pacientes y su salud”.

“Por ahora, el gobernador Kemp tiene luz verde para despojar nuevamente a los habitantes de Georgia de su autonomía, evitar que los médicos brinden atención médicamente indicada para las complicaciones del embarazo y exacerbar la crisis de morbilidad y mortalidad materna de Georgia”, dijo Julia Kaye, abogada de American Civil Liberties Union’s Reproductive Freedom Project. “Restablecer esta prohibición extrema del aborto causará un daño inmenso, especialmente a los habitantes negros de Georgia y a las personas con menos recursos, quienes tienen menos probabilidades de poder viajar fuera del estado para recibir atención, y más probabilidades de sufrir graves consecuencias médicas por embarazos y partos forzados. Si bien esta sentencia es devastadora, el caso no ha terminado. Nunca dejaremos de luchar para garantizar que todas las personas, sin importar su dónde viven, cuál sea su raza o ingresos, tengan el poder de controlar sus propios cuerpos y su futuro”.

“La atención adecuada de la salud reproductiva se había reiniciado en este estado, y será traumático para las mujeres y parejas de Georgia perder nuevamente su derecho a tomar decisiones personales y privadas sobre sus vidas”, dijo Andrea Young, directora ejecutiva de la ACLU de Georgia. “Ahora, también, se vuelve aún más importante que protejamos el acceso en otros estados, evitando que el Senado de los Estados Unidos apruebe una prohibición federal del aborto”. 

“Es inconcebible que la Corte Suprema de Georgia haya optado por negar a las personas embarazadas la capacidad de decidir qué es lo mejor para sus propias vidas y su futuro”, dijo Amy Kennedy, vicepresidenta de asuntos externos de Planned Parenthood Southeast. “Los proveedores de servicios de aborto de nuestro estado nuevamente se ven obligados a rechazar a las pacientes que luego deben abandonar el estado para recibir atención médica segura, urgente y esencial. No permitiremos que esto suceda. Planned Parenthood Southeast y nuestras organizaciones aliadas están comprometidos a luchar contra esta prohibición, hasta que se restablezca el acceso más allá de las primeras etapas del embarazo”. 

“Que quede claro: la decisión de la corte de restablecer la prohibición del aborto en Georgia interfiere directamente con las decisiones médicas personales de la gente de Georgia”, dijo Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America. “A las personas embarazadas se les negará su derecho a la autodeterminación, y su derecho a decidir qué es lo mejor para su salud y la de sus familias. Especialmente para los habitantes negros de Georgia, la negación de la atención esencial de la salud reproductiva puede ser mortal. Si bien estamos devastados por la decisión de hoy, seguiremos luchando. Planned Parenthood apoyará a nuestros socios en todo el movimiento de salud, justicia y derechos reproductivos, que luchan por el acceso al aborto para todas las personas, independientemente de dónde vivan o cuánto dinero tengan”. 

“Es indignante que esta ley extrema vuelva a estar en vigor, solo días después de haber sido bloqueada legítimamente”, dijo Alice Wang, abogada del Centro de Derechos Reproductivos. “Este ping pong legal está causando caos para los proveedores médicos que intentan hacer su trabajo, y para los pacientes que ahora buscan urgentemente los servicios de aborto que necesitan. A los habitantes de Georgia se les niega nuevamente el control sobre sus propias vidas y su futuro, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para anular esta prohibición para siempre”.

Durante un juicio realizado en octubre, proveedores de atención médica y otros expertos testificaron que la prohibición del aborto ha tenido consecuencias devastadoras para la salud y la vida de los habitantes de Georgia. La prohibición obliga a quienes desean abortar después de las primeras semanas de embarazo a viajar cientos o incluso miles de millas fuera del estado para recibir atención, y eso solo si pueden reunir los recursos para hacerlo. Los habitantes de Georgia y otras personas que buscan atención en estados donde el aborto aún es legal, enfrentan largos tiempos de espera para las citas. Muchos de los que no pueden superar las tremendas barreras financieras y logísticas para obtener servicios de aborto en otros estados, se ven obligados a llevar a término su embarazo y dar a luz en contra de su voluntad.  

Este caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU de Georgia, el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Federation of America y los bufetes de abogados con sede en Georgia, Caplan Cobb y Bondurant Mixson & Elmore, en nombre de SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective; Feminist Women’s Health Center; Planned Parenthood Southeast, Inc.; Atlanta Comprehensive Wellness Clinic; Atlanta Women’s Medical Center; FemHealth USA d/b/a carafem; Summit Medical Associates, P.C.; Carrie Cwiak, M.D., M.P.H.; Lisa Haddad, M.D. , M.S., M.P.H.; Eva Lathrop, M.D., M.P.H.; y Medical Students for Choice.

Una copia de la sentencia emitida hoy se puede encontrar aquí: https://www.aclu.org/legal-document/sistersong-v-state-georgia-georgia-supreme-court-stay-order

Se puede encontrar una descripción general del caso en internet aquí: https:// www.aclu.org/cases/sistersong-v-state-georgia 

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