Fiscal general de Idaho prohíbe a proveedores referir a pacientes fuera del estado para abortar; los proveedores demandan

Planned Parenthood y proveedores de Idaho entablan demanda para impedir la prohibición del fiscal general Labrador

BOISE, Idaho — Hoy, un grupo de proveedores de atención médica, y sus defensores, demandaron para impedir que el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, aplicara una interpretación legal que alega que los proveedores de atención médica no pueden referir a un paciente fuera del estado para abortar bajo la leyes de Idaho. Según la opinión legal, cualquier ayuda de un proveedor de atención médica —incluyendo dar información sobre centros de salud en otros estados que ofrecen servicios de aborto y fondos para el aborto— podría representar una violación de la prohibición estatal del aborto, poniendo en peligro las licencias de atención médica, o incluso ser objeto de procesamiento penal.

Esta interpretación va más allá de lo delineado en las leyes de Idaho y es un intento extremo por impedir que los proveedores puedan ofrecer información a sus pacientes e impedir que los habitantes de Idaho tengan acceso a cuidados de salud legales en otro estado.

En la demanda, médicos de Idaho y Planned Parenthood Great Northwest, Hawai’i, Indiana, Kentucky (PPGNHAIK), afirman que la interpretación de la ley por parte del fiscal general Labrador es una extralimitación en torno a su práctica médica y que les impide proporcionar información completa a sus pacientes, lo cual infringe a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Además, la lógica de la opinión del fiscal general Labrador significaría que un proveedor de atención médica que practique un aborto a un habitante de Idaho en otro estado, estaría violando la prohibición del aborto en Idaho. La demanda afirma que tal interpretación de la prohibición estatal del aborto no tiene precedentes y es inconstitucional. 

Sin la intervención de las cortes, esta opinión perjudicará gravemente a los habitantes de Idaho y sus familias. Desde el 27 de marzo, cuando la opinión fue emitida, los proveedores de Idaho se han visto obligados a ocultar información vital a sus pacientes que requieren servicios de aborto, con respecto a cómo buscar atención médica fuera del estado. Muchos habitantes de Idaho que buscan abortar se verán obligados a buscar un proveedor fuera del estado sin la ayuda y los conocimientos de su proveedor de confianza. Es probable que algunas personas se vean obligadas a continuar con su embarazo por más tiempo de lo que quieren, e incluso llevar el embarazo a término en contra de su voluntad. En un estado en el que los proveedores de atención médica huyen por miedo a la criminalización y las salas de partos están cerrando, es casi seguro que los resultados serán mortales.

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America:

“El fiscal general Labrador está violando los límites de nuestra Constitución para negarles aún más a los habitantes de Idaho la libertad de decidir qué es lo mejor para sus propios cuerpos y sus futuros. Si no les quedaba claro, ahora es evidente: quienes se oponen a la libertad reproductiva no solo atacan al aborto, sino a nuestra capacidad propia de existir. Todas las personas de este país deberían observar de cerca este intento de controlar nuestras vidas y de suprimir la información que los profesionales médicos pueden compartir con sus pacientes. Sabemos por experiencia que una vez que un político intenta superar los límites de la aceptabilidad, otros pronto lo seguirán. No se equivoquen: Planned Parenthood y nuestras filiales no darán marcha atrás. Estamos desafiando esta enorme extralimitación y también estamos preparados para la lucha que tenemos por delante”. 

Declaración de Rebecca Gibron, directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Northwest, Hawai’i, Alaska, Indiana, Kentucky:

“Prohibir el aborto no les fue suficiente a los extremistas en contra del aborto en Idaho; ahora quieren prohibir dónde uno va, cuál información tiene uno derecho legal a obtener, e incluso lo que un proveedor médico puede decir. La opinión del fiscal general Labrador es una extensión flagrante de la prohibición del aborto de Idaho. No lo aceptaremos. Todas las personas a lo largo y ancho del país deben prestar atención a este intento extremo de abuso de poder del gobierno para controlar nuestra capacidad de desplazarnos libremente fuera y dentro del estado, controlar la libertad de expresión y el acceso a la información. Esta opinión te debe preocupar aun si no vives en Idaho”.

La demanda, Planned Parenthood Great Northwest, Hawai’i, Indiana, Kentucky v. Labrador, fue interpuesta por abogados de Planned Parenthood Federation of America, la American Civil Liberties Union, la American Civil Liberties Union of Idaho, y las firmas Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Bartlett & French LLP, y Stris & Maher LLP en nombre de PPGNHAIK, la Dra. Caitlin Gustafson, y el Dr. Darin L. Weyhrich. Puedes leer la denuncia en apoyo de su petición aquí. Los demandantes también presentaron declaraciones en nombre de Rebecca Gibron, directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Northwest, Hawai’i, Alaska, Indiana, Kentucky, y los doctores Gustafson y Weyhrich. 

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