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El acceso a la atención del aborto en el estado ahora está restringido después de la semana 20 del embarazo

GREENSBORO, N.C. — Hoy, un juez de una corte federal permitió que la prohibición del aborto en Carolina del Norte después de la semana 20 de embarazo entre en vigencia de inmediato. Esta prohibición había estado bloqueada durante más de tres años, y el juez levantó el bloqueo a pesar de que oficiales estatales le pidieron que lo mantuviese. Ahora, los habitantes de Carolina del Norte se verán obligados a viajar fuera del estado para recibir servicios de aborto después de.la semana 20 de embarazo, o se verán forzados a continuar con un embarazo en contra de su voluntad. 

La medida cautelar que bloqueaba la ley, emitida en 2019, fue levantada por el juez federal de distrito William L. Osteen, Jr., quien actuó sin una solicitud del estado o de las organizaciones que impugnaron la prohibición. El juez Osteen había solicitado al estado de Carolina del Norte y a los demandantes que presentaran informes antes del 8 de agosto sobre si la prohibición debe permanecer bloqueada, a la luz de la decisión de la Corte Suprema de anular a Roe vs. Wade. En los escritos, tanto los funcionarios estatales como los demandantes pidieron al tribunal que mantuviera bloqueada la ley, para evitar confusiones y daños devastadores a los pacientes de Carolina del Norte.

Las personas que buscan un aborto cuando el embarazo está más avanzado a menudo lo hacen porque enfrentan retrasos en el acceso a la atención del aborto o complicaciones peligrosas con su embarazo. Muchas necesitan tiempo para obtener fondos, para tomarse tiempo libre en el trabajo, gestionar transporte y el cuidado de niños, y a menudo encuentran otras barreras para obtener atención, incluyendo restricciones médicamente innecesarias impuestas por el estado, como el período de espera obligatorio de 72 horas de Carolina del Norte. Otras pueden buscar el aborto después de la semana 20  tras enterarse de nueva información sobre su propia salud o la salud del feto, lo que puede presentar una emergencia médica grave.  

Declaración conjunta del Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Federation of America, Planned Parenthood South Atlantic, la ACLU y la ACLU de North Carolina: 

“La decisión de hoy de permitir que la prohibición de Carolina del Norte entre en vigor es un exceso atroz de la corte. A pesar de que esta ley ha sido legítimamente bloqueada durante mucho tiempo, la corte reabrió el caso en una medida espontánea a la que todas las partes se opusieron explícitamente. Esta decisión de interrumpir el panorama del acceso al aborto en Carolina del Norte y la región circundante solo empeora el caos y la crisis que se produjeron en todo el país tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular a Roe vs. Wade. La gente sufrirá por esta peligrosa prohibición. Ya existe confusión entre los proveedores sobre si pueden brindar atención, lo que hace que las personas embarazadas sean rechazadas en situaciones de emergencia. Los habitantes de Carolina del Norte se verán obligados a cruzar las fronteras estatales para acceder a cuidados de aborto que salvan vidas, mientras que otros en la región —que anteriormente podrían haber recurrido a Carolina del Norte como un punto de acceso crítico— ahora tendrán que viajar aún más lejos, si tienen los medios para hacerlo. Obligar a las personas a viajar fuera del estado para recibir atención esencial, o sufrir los dolores de un embarazo forzado, pone en riesgo innecesario la salud de los pacientes. Todos, en todas partes, merecen tener la capacidad de tomar decisiones personales sobre su salud, sus vidas y su futuro sin injerencia política”.

La ley fue impugnada en 2016 en Bryant et al. contra Woodall et al. por el Center for Reproductive Rights, Planned Parenthood Federation of America, la American Civil Liberties Union (ACLU) y la ACLU de North Carolina en nombre de los demandantes Amy Bryant, MD, MSCR; Beverly Gray, MD; Elizabeth Decanos, MD; y Planned Parenthood South Atlantic. Un tribunal federal bloqueó la aplicación de la ley en 2019, una decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito el año pasado.

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