La Junta Clerical de Abogacía de Planned Parenthood condena la “ley mordaza” de la Administración Trump
22 de febrero de 2019
Como miembros de la La Junta Clerical de Abogacía de Planned Parenthood condenamos la ley mordaza (artículo disponible en inglés), propuesta por la Administración Trump-Pence, que hace ilegal que doctores, enfermeras, hospitales, centros de salud comunitarios y cualquier otro proveedor del Programa de Planificación Familiar Título X (en inglés: Title X Family Planning Program), informen a sus pacientes sobre cómo acceder al aborto de manera legal y segura. Esta ley mordaza también hace imposible que millones de pacientes puedan acceder a métodos anticonceptivos en los centros de salud de Planned Parenthood en todo el país.
Como líderes del clero, vemos está atroz ley mordaza global como otro intento equivocado de imponer un conjunto de restricciones religiosas sobre la vida privada de los estadounidenses, afectando a las mujeres, a las familias y a la salud pública. Además, cualquier ley como ésta, que obstaculiza el acceso a servicios básicos de salud, causa un daño más grande a las personas pobres, que ya tienen dificultades para obtener la atención médica que necesitan.
Como sacerdotes y líderes religiosos estamos llamados a brindar atención pastoral a las personas que enfrentan decisiones médicas. Día tras día, el clero es testigo de la importancia de ofrecer a cada paciente toda la verdad médica, de proteger la integridad de la relación doctor-paciente y de garantizar el acceso a la atención médica que surge de estas conversaciones personales y privadas. Además, nuestra fe y experiencia pastoral dan testimonio de la urgencia y del bien moral que hay en garantizar el acceso a todas las formas de anticonceptivos y en mantener el aborto seguro y legal.
Con la mayor firmeza, esta Junta Clerical de Abogacía condena la ley mordaza por llevar a los políticos a las salas de examen, por obstaculizar el acceso a información médica verídica, por debilitar la capacidad moral del paciente, perjudicando a las personas pobres y a las necesitadas, y por bloquear el acceso a la atención médica preventiva, incluyendo las planificación familiar y el aborto seguro y legal.