Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

La ley de cargo público de la administración Trump castiga inmigrantes por acceder a cuidados de salud y otros apoyos básicos

WASHINGTON — Hoy, el presidente Biden anunció acciones ejecutivas para comenzar las reformas críticas al sistema de inmigracion. Incluido en estas acciones está inicio del proceso que le pondrá fin a la llamada “ley de cargo público” —que obliga a muchos inmigrantes y a sus familias a tomar la decisión imposible de tener que elegir entre tener acceso a cuidados de salud y otros servicios esenciales o arriesgar sus estatus y temer por su seguridad—y creará un grupo de trabajo encargado de reunir a las familias inmigrantes separadas en la frontera. Estas acciones son una continuación crucial de los esfuerzos de la administración Biden-Harris para ponerle fin a los horrores, la deshumanización y la xenofobia que se convirtieron en la doctrina de la política de inmigración de la administración Trump. 

Testimonio de Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Federation of America:

“En Planned Parenthood sabemos que las familias merecen estar unidas, que los cuidados de salud no conocen fronteras, y que la salud o la seguridad de una persona no debe estar en riesgo por su estatus migratorio. Las acciones de hoy de la administración Biden-Harris constituyen pasos críticos hacia la restauración de la humanidad en nuestro sistema de inmigración y hacia el fin de los horrores de los últimos cuatro años. Esperamos con ansias poder trabajar con esta administración y el Congreso para proteger y expandir los derechos y acceso a cuidados de salud sexuales y reproductivos para todas las personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo”.

Testimonio de Zipatly Mendoza, directora de liderazgo y participación latina de Planned Parenthood Federation of America: 

“Durante esta pandemia las personas inmigrantes han estado en la primera línea de respuesta, trabajando en puestos esenciales y como consecuencia han sufrido desproporcionadamente los embates del COVID-19 a nivel de salud y también en su economía. Revertir estas políticas que tanto daño han hecho a la salud y los bolsillos de comunidades inmigrantes es solamente el primer paso para comenzar a remediar los ataques de los últimos cuatro años. Esperamos más acciones que nos ayuden a elevar a las personas y comunidades que han mantenido nuestro país a flote durante la pandemia y nos comprometemos a trabajar para restaurar la confianza en el ejercer derechos de acceso a servicios básicos esenciales y de salud”.  

Bajo las regulaciones de la “ley de cargo público” se le puede negar la entrada a los Estados Unidos o un ajuste en su estatus migratorios (para obtener la tarjeta verde de residencia permanente o green card, por ejemplo) a las personas simplemente por haber recibido ciertos beneficios públicos en el pasado —incluyendo acceso a cuidados de salud, asistencia nutricional o vivienda pública— o si se determina que podrían usarlos en el futuro. Esta ley ha sido creada para mantener a las familias separadas y para que los inmigrantes que ya están en los Estados Unidos, así como sus familias, sientan temor de obtener servicios de salud y otras necesidades básicas a las que tienen derecho por ley. La ley de cargo público no puede detenerse de inmediato, ya que la administración debe pasar por todo el proceso regulatorio para revertirla, pero está iniciando el proceso a la vez que se trabaja para tomar medidas sobre los efectos aterradores que tuvo y para dirigir a las agencias a que alienten a los inmigrantes y sus familias a usar beneficios públicos que son críticos. 

La administración Trump separó a más de 5,500 menores de edad de sus familias y deportó a 1,400 padres solos sin sus hijos. Aunque la semana pasada la administración Biden-Harris formalmente eliminó la política que permitió estos horrores, el nuevo grupo de trabajo tiene una misión crítica: más de 600 padres separados aún no han sido localizados, y muchos más fueron encontrados pero no reunidos con sus hijos e hijas. 

Más allá de terminar la ley de cargo público y reunir familias, hay una cantidad increíble de trabajo por hacer. Como parte de una coalición de más de 100 organizaciones progresivas, Planned Parenthood Federation of America (PPFA) y In Our Own Voice (Nuestra Voz Propia): Agenda de Justicia Reproductiva para Mujeres Negras desarrollaron “First Priorities for the Blueprint for Sexual and Reproductive Health, Rights, and Justice (Prioridades principales para el modelo de justicia, derechos y salud reproductiva y sexual), un plan de acción que enlista las acciones ejecutivas y para diversas agencias, en temas prioritarios tanto globales como domésticos, que incluyen ponerle fin a la ley de cargo público. PPFA espera que la administración Biden-Harris continúe trabajando pronto para tomar acción sobre estas medidas prioritarias.

###

Planned Parenthood es el proveedor y defensor líder del país de una atención médica asequible de alta calidad para mujeres, hombres y jóvenes, como también el mayor proveedor del país de educación sexual. Con más de 600 centros de salud en todo el país, las organizaciones de Planned Parenthood atienden a todos los pacientes con cuidado y compasión, con respeto y sin juzgarlos. A través de centros de salud, programas en escuelas y comunidades y recursos en línea, Planned Parenthood es una fuente confiable de información de salud que les permite a las personas tomar decisiones de salud informadas. Hacemos todo esto porque nos preocupamos de manera apasionada de ayudar a las personas a llevar vidas más saludables.