Orden judicial para detener la prohibición del aborto a las 15 semanas de Florida revocada automáticamente tras apelación; la ley de prohibición sigue en pie

TALLAHASSEE, Fla. — Poco después de que una corte estatal de primera instancia emitiera oficialmente una orden que bloqueaba la ley de prohibición del aborto de 15 semanas en el estado, porque posiblemente viola la constitución de Florida y causará un daño irreparable, el estado apeló la sentencia, lo que provocó una suspensión automática de esa medida cautelar según la ley estatal de Florida. 

La ley, que entró en vigor el 1 de julio, ya ha tenido consecuencias devastadoras en la salud y el futuro de los habitantes de Florida al obligarlos a continuar embarazos en contra de su voluntad. Los demandantes planean presentar una moción para restablecer la orden judicial y continuarán luchando para bloquear permanentemente la prohibición.

En nombre de los proveedores de servicios de aborto de Florida, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU de Florida, el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Federation of America y el bufete de abogados Jenner & Block emitieron la siguiente declaración en respuesta a la suspensión emitida de una suspensión:
 

“La prohibición del aborto después de las 15 semanas de Florida ya ha bloqueado el acceso a la atención esencial del aborto desde el viernes pasado, y continuará perjudicando a las personas embarazadas hasta que sea bloqueada. La corte de primera instancia reconoció correctamente esta ley como una flagrante violación de los derechos constitucionales estatales de los habitantes de Florida, y estamos decididos a bloquearla para siempre. La mayoría de las personas apoyan el derecho a obtener servicios esenciales de aborto en Florida, un derecho en el que muchos han confiado durante décadas para garantizar la vida que quieren para ellos y sus familias. 

“Desde el viernes pasado, las mujeres y otras personas que pueden quedar embarazadas han sido forzadas a un estatus de segunda clase por la ley HB 5, que les niega el derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus cuidados de salud y sus futuros. Los impactos de permitir que esta prohibición permanezca en vigor recaen más en las personas negras, latinas, e indígenas,  las personas con dificultades financieras, los inmigrantes, los jóvenes y las poblaciones vulnerables, como los sobrevivientes de violencia de pareja.  

“Todos merecen acceder a la atención del aborto que necesitan, y continuaremos luchando por ese derecho con todos lo que tenemos a nuestra disposición. Si necesitas atención y te preocupa cómo te afectará esta prohibición, comunícate con tu centro de salud o fondo de abortos local para conocer tus opciones”. 

Incluso con la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que eliminó el derecho constitucional federal al aborto, el Proyecto de Ley 5 (HB 5) de la Cámara de Representantes de Florida es flagrantemente inconstitucional según la constitución del dicho estado. Esta ley desafía la clara voluntad del pueblo de Florida: dos tercios de los habitantes de Florida ya apoyan el derecho al aborto, y el electorado ha emitido su voto constantemente para garantizar que la constitución estatal brinde protección independiente para el derecho al aborto. En 1980, los votantes de Florida enmendaron la constitución estatal para brindar amplias protecciones a los derechos de privacidad individuales, incluyendo el aborto. Y en 2012, los votantes rechazaron abrumadoramente la Enmienda 6, que habría eliminado esas protecciones.

La ley HB 5 obligará a las personas en Florida a continuar con embarazos en contra de su voluntad, violando su dignidad y autonomía corporal y poniendo en peligro a sus familias, su salud e incluso sus vidas. Los impactos de dejar fuera de alcance la atención de la salud reproductiva en medio de una crisis de mortalidad materna recaerán más en las mujeres negras, que tienen casi tres veces más probabilidades que las mujeres blancas de morir durante el parto o poco después.

Esta ley será otra barrera más para la atención esencial en un estado donde el acceso al aborto ha sido atacado durante años. Las personas en Florida ya enfrentan restricciones onerosas para abortar, como la prohibición de planes de seguro médico en el mercado estatal que cubran el aborto; un requisito de consentimiento de los padres que dificulta que las personas jóvenes aborten; y una ley que requiere que las personas hagan un viaje adicional e innecesario a un proveedor de servicios de aborto antes de recibir atención, que entró en vigencia en abril. También existen muchas otras barreras de acceso para las personas que necesitan servicios de aborto, entre ellas: retrasos en enterarse de que están embarazadas; dificultad para pagar la atención médica esencial; y la falta de proveedores cercanos. 

La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Florida, el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Federation of America y el bufete de abogados Jenner & Block presentaron esta demanda en nombre de Planned Parenthood of Southwest and Central Florida; Planned Parenthood of South, East and North Florida; Gainesville Woman Care; Indian Rocks Woman’s Center; St. Petersburg Woman’s Health Center; Tampa Woman’s Health Center; A Woman’s Choice of Jacksonville; y Dr. Shelly Tien.

Se puede encontrar una descripción general del caso y la denuncia aquí (en inglés): https://www.aclu.org/cases/planned-parenthood-southwest-and-central-florida-et-al- v-state-florida-et-al 

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