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PARA: Partes interesadas

DE: Planned Parenthood Federation of America

RE: Casos judiciales a tener en cuenta sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva en 2023

FECHA: 4 de enero, 2023

El pasado 24 de diciembre se cumplieron seis meses desde que la Corte Suprema revocó a Roe vs. Wade, eliminando el derecho constitucional al aborto. Ya más de 1 de cada 3 estados ha prohibido o restringido severamente el acceso al aborto, pero los activistas y políticos antiabortistas continúan apoyando leyes y presentando litigios para despojar a las personas del control sobre sus propios cuerpos, vidas y futuros por cualquier medio necesario: lo que cada vez más significa recurrir a las cortes.

A continuación, enumeramos los casos en curso en las cortes federales y estatales relacionados a la salud sexual y reproductiva. Ten en cuenta que estos casos están activos y continúan evolucionando, por lo que esta información está sujeta a cambios.

A NIVEL FEDERAL

Casos ante el juez Matthew J. Kacsmaryk, Distrito Norte de Texas:

  • Acusaciones infundadas de fraude de Medicaid contra Planned Parenthood (United States ex rel. Doe v. Planned Parenthood Federation of America)
    • Esta demanda se presentó contra las tres filiales de Planned Parenthood Texas y Planned Parenthood Federation of America por más de $1.7 mil millones, alegando que las filiales defraudaron al sistema Medicaid del estado, al recibir reembolsos por control de la natalidad y otros servicios básicos de atención médica.
    • Planned Parenthood no cometió fraude contra Medicaid. No hicimos nada malo y cumplimos absolutamente con la ley: dos cortes dictaminaron anteriormente que las filiales de Planned Parenthood podían brindar estos servicios. Además, los estados de Texas y Louisiana sabían que las filiales estaban brindando los servicios, les reembolsaron por los servicios y nunca les pidieron que reembolsaran al estado. Ahora exigen que PPFA y las filiales de Planned Parenthood Texas paguen hasta $1.7 mil millones en multas civiles por los pagos estatales de Medicaid, que totalizaron menos de $17 millones durante un período de 4 años.
    • Si Planned Parenthood se viera obligada a pagar $1.7 mil millones en daños, tendría consecuencias devastadoras para los pacientes, lo que agravaría la crisis de atención médica en Texas y Louisiana.
    • Este caso fue presentado por el estado de Texas y un demandante anónimo.
  • Consentimiento de los padres para los anticonceptivos (Deanda v. Becerra):
    • Este caso tiene el potencial de cambiar la forma en que los jóvenes acceden a los métodos anticonceptivos. El juez Kaczmarzyk recientemente dictaminó que cuando los menores obtienen su control de la natalidad a través del programa Título X sin el consentimiento de los padres, violan la ley estatal de Texas y la Constitución de los Estados Unidos.
    • Este caso fue presentado por Jonathan Mitchell, el arquitecto de la ley S.B. 8, la prohibición del aborto después de las seis semanas en Texas que incluía una disposición de cazarrecompensas.
  • Poner fin a la aprobación de la FDA de mifepristona (Alliance for Hippocratic Medicine et al v. U.S. Food and Drug Administration et al):
    • Activistas y organizaciones antiabortistas demandaron a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) en el Distrito Norte de Texas para tratar de poner fin a la aprobación de la mifepristona para el aborto. La mifepristona ha sido utilizada durante décadas por millones de personas como una forma segura y eficaz de poner fin a un embarazo.
    • Este caso fue presentado por Alliance Defending Freedom, un grupo que promueve el odio, según el Southern Poverty Law Center.
  • Sección 1557 de ACA: No discriminación en la atención médica (Neese v. Becerra):
    • También en el Distrito Norte de Texas, Neese vs. Becerra es una demanda colectiva en la que la corte dictaminó en noviembre de 2022 que restringir la capacidad de una persona para recibir atención médicamente necesaria —incluyendo cuidados de salud de afirmación de género— de sus proveedores de atención médica, basándose únicamente en su sexo asignado al nacer o su identidad de género, no viola la disposición de no discriminación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, o ACA por sus siglas en inglés), conocida como Sección 1557.
    • Este caso fue presentado por Jonathan Mitchell, arquitecto de la ley S.B. 8, y America First Legal.

Caso ante el Juez Reed O'Connor, Distrito Norte de Texas:

  • ACA / PrEP (Braidwood v. HHS):
    • Activistas han demandado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) en el Distrito Norte de Texas para bloquear el requisito de la ACA de que los planes de seguro cubran ciertos servicios preventivos sin costo compartido, incluyendo anticonceptivos, inmunizaciones, PrEP y otros servicios vitales. La corte de distrito federal ya ha sostenido que un aspecto del mandato es inconstitucional y que se violan los derechos del demandante al tener que cubrir la PrEP en su plan de seguro médico.
    • Este caso fue presentado por Jonathan Mitchell, arquitecto de la ley S.B. 8.

Caso ante el juez Alan Albright, Distrito Oeste de Texas:

  • En cuanto al VA, que proporciona abortos para salvar la vida o la salud de una persona (Carter v. McDonough):
    • Una enfermera practicante en una instalación del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unido (VA, por sus siglas en inglés) en Texas presentó una demanda federal desafiando la nueva regla final provisional (IFR, por sus siglas en inglés) de VA, a través de la cual el VA brindará abortos y asesoramiento sobre aborto cuando la vida o la salud de la persona esté en peligro o el embarazo sea el resultado de una violación o incesto. La enfermera practicante argumenta que la IFR viola sus derechos bajo la primera enmienda y la Ley federal de restauración de la libertad religiosa, porque es una cristiana devota que cree que no puede realizar abortos o trabajar en un centro que brinda abortos.
    • Este caso fue presentado por First Liberty Institute.

Caso ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito:

  • Restablecimiento de la ley de mordaza del Título X de la era de Trump (Ohio v. Becerra):
    • Presentada por el fiscal general de Ohio y otros 11 fiscales generales estatales, esta demanda busca restablecer la ley mordaza de la administración Trump sobre el programa de planificación familiar del Título X, que negaría a los pacientes embarazados información vital, y podría limitar drásticamente la capacidad de los proveedores de atención de salud sexual y reproductiva para participar en el programa.

Caso ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito:

  • Emergency Medical Treatment & Labor Act (EMTALA) (Texas v. Becerra)
    • Texas: Texas presentó una demanda en el Distrito Norte de Texas desafiando la directriz de la administración de Biden de julio de 2022 que establecía que si un paciente embarazado presentaba una emergencia bajo la Ley de atención médica de emergencia y trabajo del parto activo (EMTALA, por sus siglas en inglés)  y si el aborto era el tratamiento estabilizador necesario para ese paciente, el médico debe proporcionar ese aborto, incluso si el aborto está prohibido por la ley estatal. Un juez de la corte de distrito federal ordenó a favor de la directriz de la administración Biden y prohibió que la administración hiciera cumplir su interpretación de EMTALA en el estado de Texas. Esa medida cautelar está en apelación ante el Quinto Circuito.

Caso ante el Distrito de Idaho:

  • Emergency Medical Treatment & Labor Act (US v. Idaho)
  • Idaho: La administración Biden demandó a Idaho para hacer cumplir la ley federal EMTALA, y obtuvo una orden judicial preliminar que permite a los habitantes de Idaho abortar en ciertas situaciones de emergencia, incluso mientras la prohibición total del aborto en el estado está vigente.

A NIVEL ESTATAL

Desafíos activos de las cortes estatales a las prohibiciones del aborto que involucran a las filiales de Planned Parenthood:

  • Arizona: El 30 de diciembre de 2022, la Corte de Apelaciones de Arizona dictaminó que la prohibición casi total del aborto del estado de 1864 no se puede hacer cumplir contra los médicos acreditados que practican abortos apegados al esquema regulatorio promulgado durante las últimas 5 décadas, incluyendo la prohibición de 15 semanas recientemente promulgada. La Corte de Apelaciones estuvo de acuerdo con Planned Parenthood Arizona en que se debe permitir que los médicos continúen brindando abortos que son legales según estos estatutos, porque no se puede permitir que la prohibición de 1864 derogue implícitamente 5 décadas de leyes de Arizona sobre el aborto.
  • Florida: Proveedores de servicios de aborto, incluyendo a Planned Parenthood of Southwest and Central Florida y Planned Parenthood of South, East and North Florida, desafiaron la prohibición del aborto después de las 15 semanas del estado el 1º de junio de 2022, argumentando que viola los derechos de privacidad individual protegidos por la Constitución de Florida. La prohibición está vigente mientras continúa el litigio, y los proveedores de servicios de aborto le  pidieron a la Corte Suprema de Florida que revise el caso y bloquee la ley, después de que las cortes inferiores cerraran repetidamente vías legales significativas para hacerlo.
  • Georgia: En julio de 2022, proveedores de servicios de aborto, incluyendo a Planned Parenthood Southeast, radicaron un desafío de la corte estatal a la prohibición del aborto en Georgia después de las seis semanas de embarazo aproximadamente. La demanda argumenta que (1) la prohibición fue nula desde el principio según el precedente judicial de Georgia, porque violó claramente el precedente constitucional federal cuando se promulgó en 2019, y un cambio posterior en la ley federal no puede revivirlo; y (2) que viola el derecho a la privacidad garantizado por la Constitución de Georgia. La prohibición está en efecto nuevamente, después de que la Corte Suprema de Georgia concedió un mandato de suspensión de emergencia de una corte inferior el 23 de noviembre de 2022. El litigio continúa en la Corte Suprema de Georgia.
  • Idaho (actualizado el 6 de enero de 2023): El 5 de enero, la Corte Suprema de Idaho dictaminó que la constitución estatal no protege el derecho al aborto, y confirmó tres prohibiciones estatales del aborto, incluyendo una prohibición casi total con cláusula de activación, y una ley que permite demandar a quienes ayudan a cualquier persona a obtener un aborto; la cual entró en vigor en agosto de 2022. Planned Parenthood Great Northwest, Hawai’i, Alaska, Indiana, Kentucky, y la Dra. Caitlin Gustafson, originalmente desafiaron la prohibición con cláusula de activación de Idaho el 27 de junio de 2022, argumentando que violaba el derecho a la privacidad y la igualdad de protección en virtud de la Constitución de Idaho. La corte rechazó esos argumentos en su decisión.
  • Indiana: Proveedores de servicios de aborto, incluyendo a Planned Parenthood Great Northwest, Hawai’i, Alaska, Indiana, Kentucky, presentaron un desafío de la corte estatal a la prohibición total del aborto de Indiana el 31 de agosto de 2022, argumentando que viola el derecho de la Constitución de Indiana a la privacidad y las protecciones de igualdad de privilegios. La prohibición está actualmente bloqueada por una orden judicial preliminar mientras continúa el litigio, y la Corte Suprema de Indiana decidirá los méritos de la apelación del estado. El argumento oral está programado para el 19 de enero de 2023.
  • Iowa: El 12 de diciembre de 2022, una corte de primera instancia del estado de Iowa denegó la moción del estado para levantar una orden judicial que bloquea la prohibición estatal después de las seis semanas, lo que permite que los abortos sigan siendo legales en el estado. La prohibición ha estado bloqueada desde 2019, pero el estado presentó una moción para levantar la medida cautelar tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Dobbs. El estado ya ha apelado la decisión de la corte de primera instancia.
  • Kentucky: Proveedores de servicios de aborto, incluyendo a Planned Parenthood Noroeste, Hawai’i, Alaska, Indiana, Kentucky,  presentaron un desafío de la corte estatal a las dos prohibiciones de aborto de Kentucky el 27 de junio de 2022, argumentando que violan el derecho a la privacidad y la autonomía corporal protegidos por la Constitución de Kentucky. La prohibición está actualmente en vigor mientras continúa el litigio, después de que una corte de apelaciones suspendiera la orden judicial temporal de la corte de primera instancia, y la Corte Suprema de Kentucky denegara una solicitud de ayuda de emergencia de los proveedores en agosto de 2022. Luego, la corte escuchó los argumentos orales del caso el 15 de noviembre de 2022.
  • Michigan: En abril de 2022, Planned Parenthood of Michigan y la proveedora de servicios de aborto (y directora médica de PPMI) Dra. Sarah Wallett, presentaron un desafío de la corte estatal a la ley de Michigan anterior a Roe de 1931, que prohibe el aborto como delito grave, argumentando que viola los derechos a la libertad, la privacidad, la integridad física y la igualdad de protección garantizados por la Constitución de Michigan y las leyes estatales de derechos civiles. La prohibición está bloqueada desde septiembre de 2022, cuando la Corte de Reclamaciones de Michigan emitió un interdicto permanente. El 14 de diciembre de 2022, la Corte de Apelaciones concedió la moción de la legislatura estatal de retirar su apelación inicial de la sentencia, lo que significa que la orden judicial permanente contra la prohibición anterior a Roe es definitiva. Nota: En noviembre de 2022, los votantes de Michigan aprobaron la Propuesta 3, que consagra explícitamente la libertad reproductiva, incluyendo el derecho al aborto, en la Constitución de Michigan. Sin embargo, esa enmienda constitucional no entró en vigencia hasta el 23 de diciembre de 2022. Incluso entonces, el remedio buscado en la demanda de PPMI, que impide la ejecución de la prohibición anterior a Roe, sigue siendo necesaria hasta que la legislatura de Michigan derogue permanentemente la ley de 1931, si es que lo hace.
  • Ohio: Proveedores de servicios de aborto, incluyendo a Planned Parenthood Greater Ohio y Planned Parenthood Southwest Ohio, desafiaron la prohibición estatal del aborto después de aproximadamente seis semanas de embarazo con el argumento de que viola las amplias protecciones de la Constitución de Ohio para las libertades individuales. La prohibición está actualmente bloqueada por una orden preliminar. El 16 de diciembre de 2022, la Corte de Apelaciones del Primer Distrito rechazó la solicitud del estado para que la corte revisara una apelación de la medida cautelar preliminar. El aborto sigue siendo legal en Ohio mientras continúa el litigio.
  • Oklahoma: Proveedores de servicios de aborto, incluyendo a Planned Parenthood Great Plains, desafiaron dos prohibiciones totales del aborto: la prohibición penal anterior a Roe, de 1910, y otra prohibición total aprobada a principios del año pasado ante la Corte Suprema de Oklahoma en julio de 2022— argumentando que las leyes sobrepuestas y contradictorias violan la Constitución estatal. Ambas prohibiciones están vigentes mientras las partes esperan una decisión de la Corte Suprema de Oklahoma.
  • Carolina del Sur (actualizado el 6 de enero de 2023): El 5 de enero, la Corte Suprema de Carolina del Sur derribó permanentemente la ley S.B. 1, que prohibe el aborto en Carolina del Sur después de aproximadamente seis semanas de embarazo. Planned Parenthood South Atlantic, Greenville Women’s Clinic y dos médicos demandantes originalmente impugnaron la ley S.B. 1 en la corte estatal el 14 de julio de 2022, después de que esta entrara en vigor tras la anulación de Roe vs. Wade. La Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que la prohibición no puede entrar en vigor porque viola el derecho a la privacidad en la constitución estatal.
  • Utah: Planned Parenthood Association of Utah desafió la prohibición con cláusula de activación del estado, al día siguiente de que Roe vs. Wade fuera anulado, argumentando que la prohibición total viola la Constitución de Utah, que protege los derechos de las personas embarazadas de Utah a determinar cuándo quieren tener una familia —si es que quieren tenerla— y determinar qué sucede con sus propios cuerpos. La prohibición ha sido bloqueada por la corte de primera instancia desde el 27 de junio de 2022, mientras continúa el litigio.

También hay impugnaciones activas de las cortes estatales a las prohibiciones totales del aborto en Louisiana, Dakota del Norte, Wisconsin y Wyoming (Planned Parenthood no está involucrada en estos casos).

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