ÚLTIMA HORA: El futuro del acceso al aborto en Texas está en manos de la Corte Suprema

Se le pide una intervención de emergencia a la Corte Suprema para frenar que entre en vigor una prohibición al aborto en Texas el 1 de septiembre

08.30.2021 – Hoy, el Center for Reproductive Rights, Planned Parenthood Federation of America, el Lawyering Project, ACLU, ACLU de Texas y Morrison & Foerster LLP  introdujeron una petición de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que bloquee la ley S.B. 8 de Texas, la prohibición radical al aborto después de las seis semanas, antes de que entre en vigor el 1° de septiembre. La introducción de la petición ocurre después de que la Quinta Corte del Circuito de Apelaciones negase la solicitud de los demandantes de bloquear la S.B. 8 este domingo. 

Si la Corte Suprema no interviene, los servicios de aborto después de las seis semanas de embarazo se interrumpirán abrutamente en todo el estado de Texas a partir del miércoles. Aproximadamente el 85%-90% de las personas que se realizan un aborto en Texas tienen al menos seis semanas de embarazo, lo que significa que esta ley prohibiría casi todos los abortos en el estado.

La petición a la Corte Suprema se produce después de que la Quinta Corte del Circuito de Apelaciones detuviese todo procedimiento en su tribunal y se rehusara a tomar acción para prevenir que esta prohibición inconstitucional entrara en vigor. Los demandantes le piden a la Corte Suprema bloquear la ley o, alternativamente, permitir que el proceso continúe en una corte distrital.

Testimonios de abogados y demandantes:

Amy Hagstrom Miller, presidenta y CEO, Whole Woman’s Health and Whole Woman’s Health Alliance: 

“Los residentes de Texas, como cualquier otra persona en este país, deben de poder contar con un acceso al aborto seguro en su propio estado. Ninguna persona debe verse forzada a conducir cientos de millas o continuar con un embarazo en contra de su voluntad, sin embargo esto es lo que sucederá a menos de que la Corte Suprema intervenga. Las clínicas de Whole Woman’s Health se mantendrán abiertas brindar servicios de aborto hasta el último minuto antes de que esta ley entre en vigor y le pedimos a la Corte Suprema que proteja el acceso la salud de nuestros pacientes y nos permita seguir proveyendo los cuidados de salud esenciales que los residentes de Texas se merecen".

Nancy Northup, presidenta y CEO, Center for Reproductive Rights: 

“En menos de dos días, los políticos de Texas habrán, efectivamente, derogado Roe vs. Wade. Hemos introducido una moción de emergencia ante la Corte Suprema para bloquear esta ley antes de que los centros de salud se vean forzados a rechazar pacientes. Los pacientes tendrán que viajar fuera del estado 一en el medio de una pandemia​​一en para recibir cuidados de salud constitucionalmente garantizados. Muchos otros no tendrán los recursos para hacer (el viaje). Es cruel, inconsciente, e ilegal”.

Alexis McGill Johnson, presidenta y CEO, Planned Parenthood Federation of America:

“Siempre hemos dicho que haremos todo lo posible para luchar por nuestros pacientes y su acceso al aborto, y es por ello que le pedimos a la Corte Suprema que intervenga para evitar que esta prohibición al aborto entre en vigencia. Sin acción, a partir del miércoles la mayoría de las personas en Texas se verán obligadas a viajar cientos de millas fuera del estado para abortar, si es que pueden permitírselo. El daño que causará esta ley será insuperable para demasiadas personas en Texas, particularmente personas negras, latinas, indígenas, aquellos con bajos ingresos y personas en áreas rurales que ya enfrentan barreras significativas para recibir atención. Para ser claros: los centros de salud de Planned Parenthood permanecen abiertos y nuestros proveedores atenderán a tantos pacientes como puedan, siempre que puedan hacerlo dentro de la ley. Le pedimos a la Corte Suprema que respete cincuenta años de precedente y se asegure de que a las personas en Texas no se les negará su derecho constitucional al aborto".

Kamyon Conner, executive director of Texas Equal Access (TEA) Fund: 

“En la última década, los legisladores de Texas han aprobado restricciones racistas, clasistas y peligrosas al aborto que han dificultado el acceso a este cuidado de salud. Es por ellos que le pedimos a la Corte Suprema frenar esta ley que básicamente prohíbe el aborto y codifica la intimidación. Los políticos en contra del aborto están empoderando a los extremistas para que utilicen litigios para acosar e intimidar a cualquier persona que ayude a otra a obtener un aborto. El aborto permite que una persona planifique su futuro y se desarrolle. Todas las personas deben de tener acceso al aborto cuando lo necesiten  —sin estigma ni acoso. Los extremistas son implacables, pero estamos listos para luchar para que podamos continuar ayudándonos, de la misma manera que el financiamiento para el aborto siempre lo ha hecho”.

La S.B. 8 prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo, antes de que la mayoría de las personas siquiera saben que están embarazadas, y crea un esquema de caza de recompensas que alienta al público en general a demandar a cualquier persona que crea que viola la prohibición. Cualquiera que demande con éxito a un trabajador de un centro de salud, un proveedor de servicios de aborto o cualquier persona que ayude a alguien a acceder a un aborto después de seis semanas será recompensado con al menos $10,000. Se pueden presentar demandas contra una amplia gama de personas que incluyen: una persona que impulsa a su amigo a obtener un aborto; fondos para el aborto que brindan asistencia financiera a los pacientes; personal del centro de salud; e incluso un miembro del clero que ayuda a una paciente de aborto.

Los grupos antiaborto en Texas ya han creado formularios en línea para reclutar personas para demandar a cualquiera que crean que está violando la ley y también alentando a las personas a enviar "sugerencias anónimas" sobre médicos, clínicas y otras personas que violan la ley. 

Si se permite que esta ley entre en vigencia, la distancia promedio en un solo sentido para las personas embarazadas en Texas que buscan un aborto aumentaría 20 veces, de 12 millas a 248 millas, según una nueva investigación del Instituto Guttmacher. La S.B. 8 representaría una barrera importante para muchos pacientes, con un impacto especialmente severo en las comunidades que ya tienen que lidiar con la red preexistente de restricciones médicamente innecesarias: personas negras, latinas e indígenas, personas con bajos ingresos y jóvenes.

Otros doce estados han promulgado leyes con prohibiciones al aborto después de las seis semanas, pero no se ha permitido que ningua de ellas entre en vigor. La prohibición de Texas es diferente a estas otras leyes porque le permite a los ciudadanos de a pie hacer cumplir la prohibición en lugar de que los funcionarios estatales lo hagan directamente. Los políticos antiaborto diseñaron la ley de esta manera para tratar de aislarla de una revisión en las cortes federales.

Los demandantes incluyen Whole Woman’s Health y otros proveedores de servicios de aborto en Texas, fondos y redes de apoyo para el aborto en Texas, médicos, personal de centros de salud y miembros del clero. Los demandantes están representados por el Center for Reproductive Rights, Planned Parenthood Federation of America, Lawyering Project, American Civil Liberties Union, ACLU of Texas y Morrison & Foerster LLP. Los demandados ​​incluyen a todos los jueces de primera instancia y secretarios de condado de Texas, la Junta Médica de Texas (Texas Medical Board), la Junta de Enfermería de Texas (Texas Board of Nursing), la Junta de Farmacia de Texas (Texas Board of Pharmacy), el fiscal general y el director de Right to Life East Texas, quien ya hizo un llamado abiertamente para que las personas demanden a sus proveedores de servicios de aborto locales bajo la S.B. 8.

Línea de tiempo del caso

19 de mayo: el gobernador de Texas Greg Abbott firmó como ley el proyecto de ley del Senado 8 (S.B. 8)

13 de julio: los demandantes introducen el caso en la corte federal del distrito

4-5 de agosto: los demandados introducen cuatro mociones de desestimación ante la corte del distrito para terminar con el caso

12 de agosto: el juez de la corte federal de distrito agenda una audiencia de injucción preliminar para el 30 agosto para determinar si bloquea o no la ley antes de que entre en vigor el 1 de septiembre

25 de agosto: El juez de la corte federal de distrito rechazó las mociones de los demandados para desestimar el caso. Los demandados presentaron inmediatamente una notificación de apelación ante el Quinto Circuito, así como una moción para detener los procedimientos en la corte de distrito (que tendría el efecto de cancelar la audiencia preliminar de orden judicial del tribunal de distrito)

27 de agosto: la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió una orden que canceló la audiencia preliminar de orden judicial en la corte de distrito y denegó la solicitud de los demandantes de acelerar la apelación de la moción de desestimación de los demandados. Sin acelerar el proceso de apelación, la ley podría estar en vigor durante meses antes de que el Quinto Circuito emita una decisión

29 de agosto: los demandantes solicitaron ayuda de emergencia ante el Quinto Circuito, la cual fue denegada rápidamente

30 de agosto (Hoy): los demandantes presentaron una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pidiéndole que bloquee la ley antes de que entre en vigencia.

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