Roe contra Wade — antecedentes e impacto
La Corte Suprema falla que el aborto es un derecho
El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su decisión en el caso Roe contra Wade (410 U.S. 113 (1973)), un cuestionamiento a una ley de Texas que determinaba que el aborto era un delito, excepto cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. El caso había sido presentado por “Jane Roe”, una mujer soltera que quiso interrumpir su embarazo de manera segura y legal. La corte estuvo de parte de Roe y anuló la ley de Texas. En su fallo, la corte reconoció por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo (Roe v. Wade, 1973)."
Roe pasó a ser conocido como el caso que legalizó el aborto en todo el país. En el momento en que se dictó el fallo, casi todos los estados habían declarado ilegal el aborto salvo cuando se practicaba para salvar la vida de una mujer o por razones limitadas como las de preservar la salud de la mujer o en casos de violación, incesto o anomalías fetales. Roe convirtió estas leyes en inconstitucionales e hizo que los servicios de aborto sean más seguros y accesibles para las mujeres en todo el país. El fallo además sentó un precedente legal que afectó a más de treinta casos posteriores de la Corte Suprema relacionados con las restricciones en el acceso al aborto.
El fallo refleja una tradición estadounidense y es una muestra de que los tiempos cambian
Para llegar al fallo en el caso Roe, la Corte Suprema revisó decenas de precedentes judiciales que determinaban que el gobierno no puede interferir en ciertas decisiones personales con respecto a la procreación, el casamiento y otros aspectos de la vida familiar. En el caso Griswold contra Connecticut (381 U.S. 479 (1965)), una apelación a la condena penal aplicada al director ejecutivo de Planned Parenthood® League de Connecticut por entregar anticonceptivos a parejas casadas, la Corte Suprema determinó que una ley estatal que penaliza la utilización del control de la natalidad, viola el derecho a la privacidad de las parejas casadas. Siete años después, los jueces determinaron que este derecho también correspondía a las personas solteras (Eisenstadt v. Baird, 1972). En conjunto, esos casos sentaron el precedente para el caso Roe.
Roe constituye además una muestra de que los tiempos cambian. A fines de 1960, se realizó una campaña nacional para reformar la legislación que penalizaba el aborto en casi todos los estados. Proveedores de cuidados de salud, defensores de los derechos de la mujer y la comunidad legal presionaron a las legislaturas de los distintos estados y se presentaron ante la corte para dejar sin efecto leyes que estaban en vigencia desde principios de siglo. Muchas de esas leyes databan de mediados del siglo XIX, cuando las legislaturas de los estados empezaron a prohibir el aborto a pesar de que el país tenía antecedentes desde tiempos coloniales de autorizar el aborto antes de que se empiecen a sentir los movimientos del bebé. Entre 1967 y 1973, cuatro estados — Alaska, Hawaii, Nueva York y Washington — derogaron las leyes de prohibición del aborto y trece aprobaron reformas limitadas (Gold, 1990). Aun antes de que el caso Roe estuviese decidido, ya se habían iniciado juicios en las cortes de más de una decena de estados que cuestionaban las leyes que penalizaban el aborto.
Se define un derecho constitucional
En el caso Roe, la Corte Suprema determinó que el derecho de una mujer a decidir si desea ser madre o no merece el mayor nivel de protección constitucional. La corte también determinó que el derecho a la privacidad no es absoluto y que un estado tiene intereses válidos de salvaguardar la salud materna y proteger la vida potencial. De acuerdo con la corte, el interés del estado de proteger la salud materna no es forzoso hasta el segundo trimestre de embarazo y su interés en la vida potencial no es “forzoso” hasta el momento de la viabilidad, es decir el momento del embarazo en el cual existe una posibilidad razonable de supervivencia continua del feto fuera del útero. Un estado puede, aunque no está obligado, prohibir el aborto después de la viabilidad, salvo cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de la mujer.
Mejoran la vida y la salud de la mujer y la familia
En 1965, el aborto era tan inseguro que el 17 por ciento de las muertes relacionadas con el embarazo y parto se produjeron como resultado del aborto ilegal (Gold, 1999; NCHS, 1967). En la actualidad, el aborto es uno de los procedimientos clínicos más frecuentes, y menos del 0.3 por ciento de las mujeres que se hace un aborto legal sufre una complicación seria (Boonsra et al., 2006; Henshaw, 1999). El riesgo de muerte relacionado con el aborto aumenta con el avance del embarazo, de una muerte por cada millón de abortos por aspiración al vacío a las ocho semanas o menos, a 8.9 muertes después de 20 semanas de gestación (Boonstra et al., 2006). En el 2003, la tasa de mortalidad materna en los EE.UU. era de 12.1 muertes por cada 100,000 nacimientos vivos — una diferencia significativa en las tasas de mortalidad materna entre terminar un embarazo por aborto después de las 20 semanas de gestación y llevarlo a término (Hoyert et al., 2006; Paul et al., 1999). El riesgo de muerte a causa de un aborto inducido por medicamentos hasta los 63 días de gestación es de aproximadamente uno en 100,000 procedimientos (Grimes, 2005). En comparación, el riesgo de muerte por un aborto espontáneo es de aproximadamente uno en 100,000 (Saraiya et al., 1999). Y el riesgo de muerte asociado con el parto es aproximadamente 10 veces más alto que el relacionado con todos los abortos (Christiansen & Collins, 2006).
El derecho a tomar decisiones relacionadas con la maternidad también les ha permitido a las mujeres aumentar sus oportunidades de estudio y de trabajo, que frecuentemente eran inconcebibles antes de Roe. La Corte Suprema señaló en 1992 que “la capacidad de las mujeres de participar en igualdad de condiciones en la vida social y económica del país se ha facilitado con la posibilidad de controlar su vida reproductiva (Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 1992)." El juez Harry Blackmun, autor del caso Roe, señaló que el fallo era “un paso que tenía que darse mientras transitamos el camino hacia la emancipación total de la mujer (Greenhouse, 1994)."
Los ataques permanentes menoscaban el derecho a elegir el aborto
Inmediatamente después del fallo Roe, los antiabortistas instaron a los legisladores federales y de los diferentes estados a aprobar leyes antiaborto. Durante las tres décadas siguientes, la Corte Suprema tuvo que determinar en varias ocasiones si algunas de esas leyes violaban el derecho a la privacidad de la mujer. Si bien determinó que muchas de esas restricciones eran inconstitucionales, la corte dio lugar a limitar la capacidad de las mujeres de bajos ingresos y mujeres jóvenes para elegir el aborto en una serie de casos a partir de mediados de la década de 1970. Se ratificó la prohibición federal y estatal de financiar servicios de aborto, como así también el requisito de que las mujeres jóvenes obtuvieran el consentimiento de los padres antes del aborto o se notificara a los mismos. Dos ejemplos de esos fallos restrictivos son Harris contra McRae (448 U.S. 297 (1980)), y Hodgson contra Minnesota (497 U.S. 417 (1990)).
En 1992, los cambios en la composición de la Suprema Corte dieron motivo para creer que la corte podría revertir el caso Roe cuando dictaminó en un cuestionamiento a diversas restricciones al aborto en Pennsylvania. Sin embargo, en Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania contra Casey (505 U.S. 833, 856, 877 (1992)), la corte ratificó el principio básico del caso Roe: que una mujer tiene el derecho constitucional a elegir el aborto antes de la viabilidad y después, si su vida o su salud están en riesgo. Sin embargo, la corte hizo que fuera más difícil para las mujeres tener éxito en el cuestionamiento de las leyes que no fuesen una prohibición tan absoluta del aborto. La corte determinó que para tener éxito en un cuestionamiento constitucional, se debe demostrar que la ley tiene el propósito de poner trabas para la mujer que procura un aborto. Bajo esta prueba, se ratificaron muchas restricciones al aborto, incluyendo requisitos que determinan que una mujer tenga que ir varias veces al proveedor de los servicios de aborto y padecer demoras forzosas antes de lograrlo.
En el 2007, cambios adicionales en la integración de la corte llevaron a más restricciones para el derecho de la mujer de elegir libremente. A pesar de haber desestimado una ley similar sólo siete años antes (Stenberg v. Carhart (530 U.S. 914 (2000))), el 18 de abril de 2007, en Gonzalez v. Carhart (550 U.S. ___ (2007, 18 de abril) y Gonzalez v. Planned Parenthood Federation of America, Inc. (550 U.S. ___ 2007, 18 de abril)), la nueva corte, en una decisión cinco a cuatro, ratificó la primera legislación federal para penalizar el aborto. Esta legislación, la ley de prohibición del aborto por nacimiento parcial de 2003, que no incluye una exención para la salud de la mujer, determina que es un delito federal tomar ciertas medidas cuando se realiza un aborto en el segundo trimestre. Específicamente, la prohibición prohíbe “de manera deliberada e intencional dar a luz por vía vaginal a un feto vivo” una vez que se han pasado ciertas características anatómicas “con el propósito de realizar un acto manifiesto que la persona sabe matará al feto con vida fruto del nacimiento parcial (Ley de prohibición del aborto por nacimiento parcial de 2003, 2003).”
Al ratificar la prohibición, la corte efectivamente denegó un componente clave de Roe que previamente había afirmado una y otra vez — que la salud de una mujer debe ser la principal preocupación en las leyes que restringen el acceso al aborto. Al retractarse de este principio clave, la Corte Suprema permitió al Congreso prohibir ciertos procedimientos de aborto en el segundo trimestre que los médicos e importantes organizaciones médicas, incluyendo el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, consideran que muchas veces son los más seguros y mejores para proteger la salud de la mujer. Como la jueza de la corte suprema Ruth Bader Ginsburg explicó en su oposición en Gonzalez v. Carhart (550 U.S. ___ 2007, 18 de abril) y Gonzalez v. Planned Parenthood Federation of America, Inc. (550 U.S. ____ (2007, 18 de abril)), si bien la corte no está directamente dejando sin efecto ninguno de sus fallos previos, la decisión es “alarmante” porque “por primera vez desde Roe la corte dio el visto bueno a una prohibición que no contiene una exención para salvaguardar la salud de la mujer.”
Además, en Gonzalez v. Carhart (550 U.S. ___ (2007, 18 de abril)) y Gonzalez v. Planned Parenthood Federation of America, Inc. (550 U.S. ___ 2007, 18 de abril)), la corte adoptó una visión muy amplia hacia el interés del estado que puede justificar restricciones al aborto. Aún está por verse cuáles serán las repercuciones de la decisión reciente de la corte.
Referencias citadas
Autora principal — Susanne Pichler
Revisado por – Deborah Golub, MPH
Traducción — Susana Petit y Judith Cohen
Publicado: 02.01.06 | Actualizado: 05.01.07
Publicado por la Biblioteca Katharine Dexter McCormick
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