El hecho de que la corte reconociera el derecho de cada individuo a decidir por sí mismo si desea tener un hijo y cuándo hacerlo en el caso Griswold sentó el precedente para decisiones futuras respecto a los derechos reproductivos.  En el caso Eisenstadt contra Baird (405 U.S. 438 (1972)), la corte extendió esta protección constitucional a las parejas no casadas y en el caso Roe contra Wade (410 U.S. 113 (1973)), reconoció el derecho de las mujeres de optar por el aborto; en Carey contra Population Services International (431 U.S. 678 (1977)), la corte legalizó no solamente la venta de anticonceptivos sin receta por parte de otras personas además de los farmacéuticos habilitados, sino también la venta o distribución de anticonceptivos a menores de dieciséis años y la publicidad de anticonceptivos; y en Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania contra Casey (505 U.S. 833 (1992)), la corte reafirmó el derecho de la mujer de elegir.  El caso Griswold además fue citado en la argumentación de la Corte para aceptar el derecho a la privacidad en el caso Lawrence contra Texas (539 U.S. 558 (2003)), que invalidó las leyes de sodomía.

Si bien continúan los desafíos en la lucha por alcanzar el acceso universal al control de la natalidad, pero el fallo de la corte en el caso Griswold en 1965 garantizó la protección constitucional al esfuerzo de Planned Parenthood^® y otros partidarios de la libertad reproductiva por mejorar la calidad de vida en los Estados Unidos.

En los 42 años transcurridos en los Estados Unidos desde que se reconoció el derecho de las parejas casadas a practicar el control de la natalidad, han habido cambios sociales profundos y beneficiosos, en gran parte gracias a la relativamente nueva libertad de las mujeres a controlar su fertilidad — la salud materno-infantil ha mejorado radicalmente, la tasa de mortalidad infantil se ha reducido drásticamente y las mujeres cada vez más pueden materializar sus aspiraciones educativas, sociales, políticas y profesionales.

La posibilidad de planificar los embarazos y esperar entre un embarazo y otro ha contribuido a mejorar la salud de las madres, los bebés y las familias.

• En 1965, había un promedio de 31.6 muertes maternas cada 100,000 nacimientos con vida (NCHS, 1967).  En 2003, la tasa había disminuido en un 62% a 12.1 muertes maternas cada 100,000 nacimientos con vida (U.S. Census Bureau, 2006).
• En 1965, morían 24.7 ninos menores de un ano cada 1,000 nacimientos con vida (NCHS, 1967).  En 2003, esta cifra se había reducido a 6.9 muertes infantiles cada 1,000 nacimientos con vida (U.S. Census Bureau, 2006).

Desde 1965, ha habido una gran reducción en los nacimientos no planificados, es decir, los nacimientos resultantes de embarazos no deseados ni en el momento de la concepción ni más adelante.  Esta reducción es particularmente positiva dado que los nacimientos no planificados están relacionados con las demoras en el acceso a los cuidados prenatales y con el maltrato y el descuido de los ninos (Committee on Unintended Pregnancy, 1995; Piccinino, 1994).

• Entre 1961 y 1965, el 20% de los partos de las mujeres casadas eran no planificados en los Estados Unidos (Mosher, 1988).  Hacia el 2002, sólo el nueve por ciento de estos partos eran no planificados (Chandra et al., 2005).

Los partos a destiempo — aquellos que ocurren antes de lo esperado por la madre — también han disminuido significativamente.

• Entre 1961 y 1965, el 45% de los partos de mujeres norteamericanas casadas se producían en un momento inoportuno (Mosher, 1988); para el ano 2002, esta tasa se había reducido al 14.1% (Chandra et al., 2005).

Al permitir que las mujeres controlen su fertilidad, el acceso a métodos anticonceptivos amplía su capacidad de tomar decisiones vitales, incluyendo aquellas relativas a su educación y empleo.

Desde 1965, el número de mujeres norteamericanas empleadas se ha duplicado y los ingresos de las mujeres hoy en día tienen más peso en los ingresos familiares.

• En 1965, la fuerza de trabajo en los Estados Unidos contaba con 26.2 millones de mujeres; en el ano 2005, esta cifra había aumentado a 69.3 millones (U.S. Census Bureau, 2006).
• La tasa de participación de las mujeres casadas en la fuerza de trabajo se duplicó entre 1960 y 2005 — de 31.9 a 61% — (U.S. Census Bureau, 2006).
• En una encuesta realizada en 1994, más de la mitad de las mujeres empleadas dijeron que sus ingresos representaban por lo menos la mitad del ingreso doméstico (Lewin, 1995).
• En 1965, el ingreso familiar medio de las familias de parejas casadas en las que trabajaban los dos integrantes de la pareja equivalía aproximadamente a la mitad del ingreso familiar medio de las familias en las que sólo trabajaba el marido.  Hacia el ano 1997, las familias en las que trabajaban tanto el hombre como la mujer generaban un ingreso medio casi dos tercios más alto que el ingreso de las familias en las que sólo trabajaba el marido (U.S Census Bureau, 1998).
• En 1993, las mujeres casadas que trabajaban a tiempo completo generaban en promedio el 41% del ingreso familiar (Lewin, 1995).
• Hacia 2005, el 25.5% de las mujeres de familias con ingresos dobles ganaban más que sus maridos (U.S Census Bureau, 2007).
• Entre 1960 y 2005 el porcentaje de mujeres que habían completado cuatro o más anos de estudios universitarios aumentó más de cuatro veces — de 5.8% a 26.5% (U.S. Census Bureau, 2006).

Los programas de anticoncepción financiados con fondos públicos han posibilitado que cada vez más mujeres de bajos ingresos puedan ejercer el derecho a controlar su fertilidad.

Los servicios de planificación familiar disponibles a través de Medicaid y en virtud del Título X de la Ley de Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, ayudan a evitar 1,331,100 embarazos no planificados todos los años.  Sin estos servicios de planificación familiar, la tasa de abortos sería 40 por ciento más alta de lo que es — se evitan aproximadamente 652,300 abortos anualmente (Forrest & Samara, 1996; Frost et al., 2006).

La disminución de embarazos no planificados a partir de 1965 guarda relación en gran medida con la disponibilidad de métodos anticonceptivos más eficaces.

• Entre las mujeres casadas que usan métodos anticonceptivos, el porcentaje que usa alguno de los métodos más eficaces — la píldora, el DIU, la esterilización de trompas y la vasectomía — aumentó de 38% en 1965 a 53% (según lo estimado) en 2002 (Mosher, 1988; Mosher et al., 2004).
• Más de un tercio de las mujeres que pueden tener un embarazo no planificado utilizan métodos de esterilización voluntaria — 27% se ha hecho ligadura de trompas y 9.2% están protegidas por la vasectomía de su pareja (Guttmacher Institute, 2006a).
• La anticoncepción oral es el método reversible más utilizado — elegido por 30.6% de las mujeres que pueden tener un embarazo no planificado — y el método que le sigue es el condón, utilizado por 18% de las mujeres que pueden tener un embarazo no planificado (Guttmacher Institute, 2006a).

Invertir en planificación familiar es redituable.

Un estudio calculó el costo de usar métodos anticonceptivos en comparación con el costo de tener un embarazo no planificado por no usar ningún método anticonceptivo y demostró que, en total, cada cinco anos de uso de anticonceptivos una mujer le ahorra al sistema de cuidados de salud entre $9,000 y $14,000 (Trussell et al., 1995).

Los desafíos

Durante los últimos 42 años se ha puesto claramente de manifiesto que la posibilidad de tomar buenas decisiones respecto de la reproducción no depende exclusivamente de la legalización del control de la natalidad — para poder tomar decisiones responsables las mujeres y los hombres necesitan tener acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva.

A pesar de la reducción general de embarazos no planificados durante las últimas décadas, todavía hay aproximadamente tres millones de embarazos no deseados por ano entre las mujeres norteamericanas — lo cual representa el 49% de la totalidad de embarazos anuales (Finer & Henshaw, 2006; Ventura et al., 2004).

Aproximadamente el 40 por ciento de los embarazos no planificados que no terminan en aborto espontáneo o en nacimiento sin vida son interrumpidos mediante el aborto inducido (Finer & Henshaw, 2006; Henshaw, 1998).

Los embarazos no planificados generan en forma indirecta una serie de consecuencias graves para el sistema de salud, como demoras en el acceso a cuidados prenatales, más probabilidades de que la madre consuma alcohol y tabaco durante el embarazo, peso bajo al nacer y maltrato o descuido de los ninos (Committee on Unintended Pregnancy, 1995).

El costo es una de las principales barreras para tener acceso a la anticoncepción.

A pesar de que el control de la natalidad es esencial para los cuidados de salud de la mujer, muchos planes de seguro no cubren toda la gama de opciones de anticonceptivos.  Por otro lado, si bien a través de Título X y Medicaid se proveen fondos para facilitar a las mujeres pobres el acceso a métodos anticonceptivos, estos fondos no llegan a cubrir la demanda total.

• De 1980 a 2007, la financiación para clínicas bajo el Título X, el principal programa federal de planificación familiar, se redujo aproximadamente dos tercios en dólares constantes.  Los $283 millones asignados a los programas del Título X para el ejercicio fiscal 2007, en los hechos tuvieron más del 60 por ciento menos que los $162 millones asignados para el ejercicio fiscal 1980 (NFPRHA, 2007).
• No obstante, las medidas tomadas para eliminar las barreras económicas que impiden el acceso a la anticoncepción están dando buenos resultados, tanto a nivel estatal como federal.  Para junio de 2007, 23 estados ya tenían leyes sobre igualdad en el acceso a la anticoncepción, las cuales exigen a los planes de salud que cubran todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA (Guttmacher Institute, 2006a).  En 1998, se le agregó un requisito de cobertura de anticonceptivos al Plan de Beneficios de Salud para Empleados Federales (PL 106-58).  Esta cobertura sigue en vigencia hoy en día (NFPRHA, 2006)

El aumento en el uso de anticonceptivos ha contribuido a la disminución del índice de embarazos adolescentes en los Estados Unidos, aunque éste sigue siendo el más alto entre los países desarrollados.

El índice de embarazos adolescentes en los Estados Unidos ha disminuido, pero sigue siendo el más alto entre los países desarrollados.  Cada ano, entre 750,000 y 850,000 adolescentes norteamericanas quedan embarazadas.  La mayor parte de estos embarazos — entre 74 y 95% — son no planificados (Advocates for Youth, 2004).

• Entre 1990 y 2002, el índice nacional de embarazos adolescentes disminuyó cerca del 35%, de 117 a 76.4 embarazos cada 1,000 mujeres entre los 15 y 19 anos de edad (Ventura et al., 2006).  Esta disminución se debe en un 86% al mayor uso de métodos anticonceptivos entre los adolescentes sexualmente activos, y el otro 14% es atribuible al aumento de la abstinencia sexual (Santelli et al., 2006).  Otro estudio señala que otra causa de la reducción de embarazos en los adolescentes, es que cada vez más los adolescetnes están sustituyendo otro tipo de juegos sexuales por el sexo vaginal (Weiss & Bullough, 2004).

Varios estudios han comprobado que los resultados de la maternidad durante la adolescencia en general son negativos tanto para la madre como para el nino.

• Las adolescentes embarazadas son más proclives a padecer enfermedades maternas, abortos espontáneos, nacimientos sin vida y muerte neonatal que las mujeres que postergan la maternidad (Annie E. Casey Foundation, 1998; Luker, 1996).
• Las madres adolescentes tienen menos probabilidades de terminar la escuela secundaria y más probabilidades de vivir en la pobreza y depender de la asistencia social que las mujeres de su misma edad que demoran la maternidad (Annie E. Casey Foundation, 1998; Annie E. Casey Foundation, 2004; National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 2004a).
• Los hijos de madres adolescentes a menudo nacen con bajo peso, tienen problemas de salud y desarrollo y muchas veces se ven obligados a vivir en la pobreza y a padecer maltratos o falta de cuidado (Annie E. Casey Foundation, 1998; Guttmacher Institute, 2006b; Maynard, 1977; National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 2004b).

Los embarazos de adolescentes representan una gran carga financiera para la sociedad.  Se estima que esta carga asciende a $7 mil millones anuales en pérdidas de ingresos fiscales, asistencia pública, cuidados de ninos, cuidados sustitutos y participación del sistema de justicia penal (Annie E. Casey Foundation, 1998).

Durante los últimos 42 años, las opciones de métodos anticonceptivos para las mujeres de Estados Unidos han sido más limitadas que para las mujeres de otros países.

Los dos métodos más populares de anticoncepción reversible entre las mujeres casadas en 1965 — la píldora y el condón — continúan siendo los dos métodos reversibles más populares en la actualidad (Guttmacher Institute, 2006a; Mosher et al., 2004; Ryder & Westoff, 1971).

Dos métodos aprobados en la última década son los implantes anticonceptivos intradérmicos que duran hasta tres años, y Depo-Provera, un anticonceptivo inyectable que dura 12 semanas.  Los implantes se han utilizado en muchos países durante casi una década (Boonstra et al., 2000).  En 2002, los implantes eran el anticonceptivo de elección para 1.2 % de las mujeres norteamericanas que utilizaban anticoncepción (Guttmacher Institute, 2006a).  Depo-Provera, cuyo uso fue aprobado en Estados Unidos en 1992, ya ha sido utilizado por más de 30 millones de mujeres en 90 países en el curso de más de 30 anos (Connell, 1994).  En 2002, 5.3% de las mujeres norteamericanas confiaron en Depo como su anticonceptivo (Guttmacher Institute, 2006a).

La anticoncepción de emergencia (AE), que permite impedir embarazos después de tener relaciones sexuales sin protección, existe desde hace más de 30 años. No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el primer dedicado producto anticonceptiva de emergencia recién en 1998.  Anualmente, se prescriben de 60.000 a 120.000 recetas para AE (Kaufman, 2004). Entre 1995 y 2005 aumentó en un 7,227% la cantidad de paquetes de AE que entregaron los profesionales de los centros de salud de Planned Parenthood a sus clientes (PPFA, 1996; PPFA, 2006).

La falta de opciones suficientes de métodos anticonceptivos reversibles ha hecho que muchas mujeres opten por métodos permanentes.  La esterilización es el método de elección de más de un tercio (36.2 %) de todas las parejas.  Entre las mujeres de 35 a 44 anos de edad, la esterilización se usa más que cualquier otro método anticonceptivo.  Aun las mujeres de entre 25 y 29 anos — 12.5 % — utilizan métodos permanentes (Guttmacher Institute, 2006a; Mosher et al., 2004).

Para muchas mujeres y parejas, la esterilización no es el método ideal, pero puede ser la mejor de las opciones disponibles.  En efecto, un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud en 1988, demostró que el 30% de las mujeres de bajos ingresos que solicitaban la esterilización no entendían que el procedimiento les impediría tener más hijos (Cushman et al., 1988).  El acceso a nuevas opciones de métodos reversibles de anticoncepción ofrecería a muchos alternativas deseables a los métodos quirúrgicos permanentes.

El Comité de Investigaciones y Desarrollo en Anticoncepción del Instituto de Medicina hizo la siguiente recomendación recientemente: “que, para poner una amplia gama de productos anticonceptivos a disposición de los consumidores y para aumentar la demanda de productos anticonceptivos a un nivel similar al de la demanda insatisfecha, el gobierno debería apoyar en forma permanente los servicios de control de la natalidad.  . . . El comité también recomienda que los terceros pagadores, que son responsables de los costos y pueden beneficiarse con la mejora en el nivel de salud de sus destinatarios, incluyan la anticoncepción entre los servicios que cubren. Idealmente, los servicios de planificación familiar y el control de la salud sexual deberían integrarse como parte de los servicios de salud reproductiva (Institute of Medicine, 1996).

Las mujeres y los hombres ya no necesitan abstenerse del sexo por temor a tener más ninos que los que pueden mantener o por temor a poner en peligro la salud de la mujer por un embarazo de alto riesgo.  En 1965, 35% de las mujeres casadas en Estados Unidos utilizaban un método seguro y efectivo de planificación familiar.  Sólo una de cada 10 mujeres en los países en vías de desarrollo lo hacía.  En la actualidad, aproximadamente 50% de las parejas en todo el mundo utilizan métodos modernos de control de la natalidad para mantener la salud y el bienestar de sus familias (Mosher et al., 2004; Ryder & Westoff, 1971).

El acceso al control de la natalidad enfrenta nuevos desafíos.

• Actualmente, cuarenta y seis estados tienen leyes que permiten negarse a prestar servicios de anticoncepción.  La mayoría de estos estados tienen leyes que permiten negarse a realizar abortos exclusivamente.  Sin embargo, en 13 estados se refieren tanto al aborto como a la anticoncepción.  Ocho de dichos 13 estados permiten explícitamente que los proveedores de cuidados de salud se nieguen a proporcionar servicios de control de la natalidad, anticoncepción o planificación familiar.  Cuatro estados tienen leyes o disposiciones que permiten a los farmacéuticos negarse a vender productos anticonceptivos — cuatro estados adicionales tienen cláusulas de negación redactadas de modo amplio que también pueden aplicarse a farmacéuticos (Guttmacher Institute, 2007b).
• Una revisión de la base de datos de servicios legales, Westlaw, demostró que en el 2006, 22 estados habían presentado proyectos de ley a fin de permitir que los proveedores médicos individuales, aseguradores o instituciones pudieran rehusarse a proporcionar una variedad de servicios de salud reproductiva.  De estos 55 proyectos de ley, 37 permitían que los farmacéuticos se negaran a dispensar un medicamento recetado.  También en el 2006, 11 estados evaluaron 21 proyectos de ley que obligaban a dispensar o proporcionar protecciones a los pacientes en caso de negativas.
• El 6 de junio de 2007, en respuesta a estas amenazas, los representantes Carolyn Maloney (D–NY) y Chris Shays (R–CT) y el Senador Frank Lautenberg (D–NJ) presentaron un proyecto de ley para el Acceso a los Anticonceptivos (ABC, por sus siglas en inglés) en el Senado y la Cámara de Representantes de los EE.UU. para garantizar que las mujeres puedan recibir anticonceptivos en una farmacia, en el lugar, sin discriminación o demoras.  El proyecto ABC protegería el derecho de un individuo a tener acceso a anticonceptivos legales, como quedó establecido por la decisión fundamental, Griswold v. Connecticut.  Conforme a esta legislación, una farmacia debe garantizar acceso oportuno, en el lugar a anticonceptivos, incluyendo anticonceptivos de emergencia, si el producto está disponible.  Si no hay existencias del producto, pero la farmacia vende anticonceptivos en su curso normal de actividades, la farmacia deberá pedir el anticonceptivo solicitado o asegurarse de que el cliente tenga acceso al mismo en una farmacia cercana (PPFA, 2007).

Hemos recorrido un largo camino — pero todavía nos resta mucho por recorrer.  Aunque se han hecho grandes avances en los métodos anticonceptivos en la última mitad del Siglo XX, es urgente la necesidad de contar con muchas más opciones para el control de la natalidad.  No existe un  método único que puede ser apto para todos — las circunstancias económicas, las condiciones de salud, los estilos de vida y las preferencias individuales de mujeres y hombres son estrictamente individuales.  Para satisfacer estas necesidades individuales, se necesita contar con opciones de anticoncepción más seguras y efectivas.  Cada mujer a la que se le ha recetado un producto para el control de la natalidad debería tener garantías de que va a tener acceso a dicho producto.

Referencias citadas

Advocates for Youth.  (2004).  Adolescent Pregnancy and Childbearing in the United States.  Washington, DC:  Advocates for Youth.

Annie E. Casey Foundation.  (1998). Kids Count Special Report:  When Teens Have Sex:  Issues and Trends.  Baltimore, MD:  Annie E. Casey Foundation.

_____.  (2004).  Kids Count 2004.  Baltimore, MD:  Annie E. Casey Foundation.

Boonstra, Heather, et al.  (2000).  "The 'Boom and Bust Phenomenon':  The Hopes, Dreams, and Broken Promises of the Contraceptive Revolution."  Contraception, 61(January), 9–25.

Carey v. Population Services International, 431 U.S. 678 (1977).

Chandra, A., et al.  (2005).  "Fertility, Family Planning, and Reproductive Health of U.S. Women:  Data from the 2002 National Survey of Family Growth."  Vital and Health Statistics, 23(25).

Committee on Unintended Pregnancy. Institute of Medicine, National Academy of Sciences.  (1995).  The Best Intentions:  Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families.  Washington, DC:  National Academy Press.

Connell, Elizabeth B.  (1994).  "Depot Medroxyprogesterone Acetate:  Clinical Experience in the United States."  The Female Patient, 19(10), 91–92+.

Cushman, Linda F., et al.  (1988).  "Beliefs about Contraceptive Sterilization Among Low-Income Urban Women."  Family Planning Perspectives, 20(5), 218–21; 233.

Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).

Finer, Lawrence B. & Stanley K. Henshaw.  (2006).  “Disparities in Rates of Unintended Pregnancy In the United States, 1994 and 2001.”  Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 38(2), 90–6.

Forrest, Jacqueline & Renée Samara. (1996). "Impact of Publicly Funded Contraceptive Services on Unintended Pregnancies and Implications for Medicaid Expenditures." Family Planning Perspectives, 28(4), 188-95.

Frost, Jennifer J., et al.  (2006, November).  “Estimating the Impact of Serving New Clients by Expanding Funding for Title X.”  Occasional Report No. 33.  New York:  Guttmacher Institute.

Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).

Guttmacher Institute.  (2006a).  Facts in Brief:  Contraceptive Use.  [Online].  http://www.guttmacher.org/pubs/fb_contr_use.pdf.

_____.  (2006b).  Facts on American Teens’ Sexual and Reproductive Health.  [Online].  http://www.guttmacher.org/pubs/fb_ATSRH.pdf.

_____.  (2007a, accessed 2007, June 5).  State Policy in Brief:  Insurance Coverage of Contraceptives.  [Online].  http://www.guttmacher.org/statecenter/spibs/spib_ICC.pdf.

_____.  (2007b, accessed 2007, June 5).  State Policies in Brief:  Refusing to Provide Health Services.  [Online].  http://www.guttmacher.org/statecenter/spibs/spib_RPHS.pdf.

Henshaw, Stanley K.  (1998).  "Unintended Pregnancy in the United States."  Family Planning Perspectives, 30(January/February), 24–9; 46.

Institute of Medicine.  (1996).  Contraceptive Research and Development:  Looking to the Future.  Washington, DC:  National Academy Press.

Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).

Lewin, Tamar.  (1995, May 11).  "Women Are Becoming Equal Providers."  The New York Times, p. A27.

Luker, Kristin.  (1996).  Dubious Conceptions:  The Politics of Teenage Pregnancy.  Cambridge, MA:  Harvard University Press.

Maynard, Rebecca A., ed.  (1997).  Kids Having Kids:  Economic Costs and Social Consequences of Teen Pregnancy.  Washington, DC:  The Urban Institute Press.

Mosher, William D.  (1988).  "Fertility and Family Planning in the United States:  Insights from the National Survey of Family Growth."  Family Planning Perspectives, 20(5), 207–17.

Mosher, William D., et al.  (2004).  Use of Contraception and Use of Family Planning Services in the United States, 1982-2002.  Advance Data from Vital and Health Statistics; no. 350.  Hyattsville, MD:  National Center for Health Statistics.

National Campaign to Prevent Teen Pregnancy.  (2004a, accessed 2005, April 15).  General Facts and Stats.  [Online].  http://www.teenpregnancy.org/resources/data/genlfact.asp.

_____.  (2004b, accessed 2005, April 27).  Teen Pregnancy - So What?  [Online].  http://www.teenpregnancy.org/whycare/sowhat.asp.

NCHS — National Center for Health Statistics.  (1967).  Vital Statistics of the United States, 1965:  Vol. II Mortality, Part A.  Washington, DC:  U.S. Government Printing Office (GPO).

NFPRHA — National Family Planning & Reproductive Health Association.  (2006, March, accessed 2007, March 21).  Support the Equity in Prescription Insurance and Contraceptive Coverage Act:  Stop Health Insurance Discrimination Against Women.  [Online].  http://www.nfprha.org/atf/cf/%7BC342E09A-9DD8-4743-8E8C-EBDC304DF4B8%7D/EPPICMarch2006FINAL.pdf.

_____.  (2007, February, accessed 2007, June 5).  Title X (Ten) National Family Planning Program:  Critical Women’s Health Program Struggles to Meet Increasing Demand.  [Online].  http://www.nfprha.org/atf/cf/{C342E09A-9DD8-4743-8E8C-EBDC304DF4B8}/TitleXGeneralFebruary2007FINAL.pdf.

Piccinino, Linda J.  (1994).  "Unintended Pregnancy and Childbearing."  Pp 73–82 in From Data to Action:  CDC's Public Health Surveillance for Women, Infants, and Children.  Hyattsville, MD:  CDC.

PL 58, 106^th Cong. 1^st sess.  (September 29, 1999).  Treasury and General Government Appropriations Act, 2000.

PPFA — Planned Parenthood Federation of America.  (1996).  Planned Parenthood CL-7 Service Report, 1996.  San Francisco:  The Innovations Group of Planned Parenthood.

_____.  (2006).  Planned Parenthood CL-7 Service Report, 2005.  New York:  Planned Parenthood Federation of America, Inc.

_____.  (2007, June 6).  News Release:  Planned Parenthood Applauds House and Senate Introduction of ABC Act.  New York:  Planned Parenthood Federation of America, Inc.

Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).

Ryder, Norman B. & Charles F. Westoff.  (1971).  Reproduction in the United States 1965.  Princeton, NJ:  Princeton University Press.

Santelli, John S., et al.  (2006).  “Explaining Recent Declines in Adolescent Pregnancy in the United States:  The Contribution of Abstinence and Improved Contraceptive Use.”  American Journal of Public Health, 97(1), doi:10.2105/AJPH.2006.089169.

Trussell, James, et al.  (1995).  "The Economic Value of Contraception: A Comparison of 15 Methods."  American Journal of Public Health, 85(4), 494–503.

U.S. Census Bureau.  (1998).  Measuring 50 Years of Economic Change Using the March Current Population Survey.  (Current Population Reports, P60-203).  Washington, DC:  GPO.

_____.  (2006).  Statistical Abstract of the United States, 2007:  The National Data Book, 126th edition.  Washington, DC:  Commerce Department, Economics & Statistics Administration.

_____.  (2007, accessed 2007, June 5).  “Table F22.  Married-Couple Families with Wives’ Earnings Greater than Husbands’ Earnings:  1981 to 2005.”  Historical Income Tables — Families.  [Online].  http://www.census.gov/hhes/www/income/histinc/f22.html.

Ventura, Stephanie J., et al.  (2004, June 15).  "Estimated Pregnancy Rates for the United States, 1990–2000:  An Update."  National Vital Statistics Report, 52(23).  Hyattsville, MD:  National Center for Health Statistics.

_____.  (2006, December 13).  “Recent Trends in Teenage Pregnancy in the United States, 1990–2002.”  Health E-stats.  Hyattsville, MD:  National Center for Health Statistics.

Weiss, David & Vern L. Bullough.  (2004).  "Adolescent American Sex."  Journal of Psychology & Human Sexuality, 16(2/3), 43–53.

Autor principal — Susanne Pichler
Revisado por — Deborah Golub, MPH
Traducción — Susana Petit y Judith Cohen

Publicado: 06.01.05 | Actualizado: 06.15.07

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