Casos relacionados con anticonceptivos

1965
Griswold contra Connecticut
381 U.S. 479
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley de Connecticut que prohibía el uso de anticonceptivos.
Fundamento legal:  la ley es inconstitucional.  La Constitución otorga un “derecho a la privacidad” que protege la decisión de las parejas casadas de usar anticonceptivos.

1972
Eisenstadt contra Baird
405 U.S. 438
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley de Massachusetts que autorizaba la venta o distribución de anticonceptivos solamente a personas casadas.
Fundamento legal:  la ley es inconstitucional.  El derecho a la privacidad es aplicable a las personas en forma individual y protege el derecho de las personas que no están casadas a obtener anticonceptivos.

1977
Carey contra Population Services International
431 U.S. 678
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley de Nueva York que prohibía la venta de anticonceptivos, incluso los de venta libre, por parte de cualquier otra persona que no fuese un farmacéutico con licencia; la venta o distribución a menores de dieciséis, y la exhibición y la publicidad de anticonceptivos.
Fundamento legal:  la ley es inconstitucional porque viola el derecho a la privacidad de adultos y menores, y el derecho a la libre expresión de los proveedores de anticonceptivos.

1983
Bolger contra Youngs Drug Products Corporation
463 U.S. 60
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley federal que penalizaba el envío a través del correo de los Estados Unidos de publicidad de anticonceptivos no solicitada.
Fundamento legal:  la ley es inconstitucional porque viola la protección de la “libertad de expresión comercial" dispuesta por la Primera Enmienda.  La posibilidad de ofender a destinatarios sensibles no constituye un fundamento válido para prohibir la comunicación de información veraz y que no tenga carácter obsceno.  La ley también interfiere con el acceso de los padres a información que podría ayudarlos a analizar con sus hijos el tema del control de la natalidad.

Casos de aborto

1973
Roe contra Wade
410 U.S. 113
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley del estado de Texas que prohíbe el aborto salvo cuando es indicado para salvar la vida de la mujer.
Fundamento legal:  la ley es inconstitucional.  El derecho a la privacidad es aplicable a la decisión de toda mujer de interrumpir el embarazo en consulta con su médico.  Durante el primer trimestre de embarazo, esta decisión se puede llevar a la práctica sin que intervenga el estado.  Después del primer trimestre, el estado tiene el interés estatal superior de proteger la salud de la mujer y puede decidir, dentro de lo razonable, el aborto para proteger dicho interés.  En el momento de la viabilidad fetal (capacidad de supervivencia fuera del útero), el estado tiene el interés estatal superior de proteger la vida potencial y puede prohibir el aborto, salvo cuando resulte necesario para preservar la vida o la salud de la mujer.

1973
Doe contra Bolton
410 U.S. 179
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley del estado de Georgia, basada en el modelo propuesto por el Instituto de Derecho de Estados Unidos, que prohíbe el aborto, salvo en casos de necesidad médica, violación, incesto y anormalidad del feto.  La ley de de Georgia también exigía que todos los abortos se realizaran en hospitales acreditados y que dos médicos y una comisión estuvieran de acuerdo con la decisión de la mujer de obtener un aborto; además, solamente los residentes del estado de Georgia pueden hacerse abortos en ese estado.
Fundamento legal:  la ley es inconstitucional.  Viola el derecho de la mujer de optar por el aborto según lo reconocido en el caso Roe contra Wade (ver más arriba).  La condición de residencia viola la cláusula de privilegios e inmunidades estipulada en la constitución.

1975
Connecticut contra Menillo
423 U.S. 9
Naturaleza del caso:  apelación de condena en un juicio penal contra una persona sin título de médico por realizar un aborto.
Fundamento legal:  los estados pueden exigir que sólo los médicos realicen abortos.  Tal disposición ofrece el nivel mínimo de seguridad sobre el que se basa el derecho constitucional reconocido en el caso Roe.

1976
Planned Parenthood of Central Missouri contra Danforth
428 U.S. 52
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley del estado de Missouri que requería: a) consentimiento paterno para el aborto en el caso de menores; b) consentimiento del cónyuge para el aborto en el caso de una mujer casada; c) el consentimiento informado de la mujer por escrito; d) que no se realice un aborto por amniocentesis salina en el segundo trimestre y e) que los proveedores de atención médica que realizan abortos mantengan registros e informes.
Fundamento legal:  se consideró inconstitucional el requisito del consentimiento de los padres y del cónyuge porque delega en terceros un poder de veto absoluto sobre la decisión de abortar de la mujer que ni el mismo estado posee.  El requisito de que la mujer certifique que su consentimiento es informado y dado libremente es constitucional, como así también que se mantengan registros e informes.  Se anula la prohibición de la amniocentesis salina  porque es el método abortivo más frecuentemente utilizado después de las 12 semanas de embarazo y se ha demostrado que es menos peligroso para la salud de la mujer que otros métodos disponibles; la elección del método la debe realizar el médico.  (En la actualidad, la dilatación y evacuación (D&E) es el método más frecuente en abortos de mitad de trimestre.)

1976
Bellotti contra Baird (Bellotti I)
428 U.S. 132
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley de Massachusetts que requería el consentimiento de ambos padres para el aborto en el caso de una menor, pero permitía que el juez dispensara de esta condición si se demostraba “motivo suficiente".
Fundamento legal:  es posible que la ley sea constitucional, según el significado del "motivo suficiente" y del procedimiento que se utilice.  El caso se remitió para que los tribunales del estado de Massachusetts realicen la interpretación definitiva del significado de la ley (ver análisis de Bellotti II, 1979.)

1977
Maher contra Roe
432 U.S. 464
Naturaleza del caso: cuestionamiento a la limitación de Connecticut de la financiación estatal de Medicaid para los abortos por necesidad médica y la negativa a financiar los abortos “electivos”.
Fundamento legal:  la ley es constitucional.  El estado no está obligado a financiar el ejercicio del derecho al aborto de una mujer aunque pague los costos del parto.

1977
Poelker contra Doe
432 U.S. 519
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una política municipal de St. Louis, Missouri que disponía que todos los hospitales financiados con fondos públicos se negaran a realizar abortos “electivos”.
Fundamento legal:  la ley es constitucional por las razones esgrimidas en el caso Maher contra Roe (ver arriba).

1979
Colautti contra Franklin
439 U.S. 379
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a las disposiciones de la ley de Pennsylvania que exigía que el médico que realice un aborto determinara que el feto no es viable.  Si el médico determina que el feto “es o puede ser viable”, debe ejercer el mismo grado de cuidado al realizar el aborto que hubiese empleado de tratarse de un nacimiento vivo.
Fundamento legal:  las disposiciones son "nulas por vaguedad” ya que los términos "viable" y “puede ser viable" son poco claros.  La determinación de la viabilidad debe quedar en manos de la buena fe del médico.  Las disposiciones también son inconstitucionales porque imponen una responsabilidad criminal sobre los médicos independientemente de su intención de violar la ley.

1979
Bellotti contra Baird (Bellotti II)
443 U.S. 622
Naturaleza del caso:  la ley de Massachusetts que fuera cuestionada en el caso Bellotti I (1976) llegó al tribunal superior con una interpretación definitiva de la Corte Suprema de Justicia de Massachusetts.  La corte de Massachusetts señaló que la ley requeriría: (a) que una menor primero trate de obtener el consentimiento de los padres y tal consentimiento le sea denegado antes de recurrir al tribunal para obtener autorización para el aborto y que se notifique a los padres cuando la menor presente un pedido de dispensa judicial, y (b) que el juez que recibe el pedido de la menor pueda denegar el pedido si el juez determina que el aborto puede ser contrario al interés superior de la menor.
Fundamento legal:  la ley es inconstitucional.  Todas las menores deben tener la oportunidad de recurrir al juez sin tener que consultar primero con los padres, y el procedimiento debe ser confidencial y rápido.  Una menor madura debe ser autorizada a realizarse un aborto, independientemente de lo que el juez considere que es su interés superior.  Incluso una menor inmadura debe ser autorizada a realizarse un aborto confidencial si el aborto se realiza para proteger su interés superior.

1980
Harris contra McRae
448 U.S. 297
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a la Enmienda Hyde que establece la prohibición de usar fondos federales de Medicaid para abortos médicamente necesarios con excepción de los que se realizan para salvar la vida de la mujer.
Fundamento legal:  la Enmienda Hyde es constitucional.  El gobierno no tiene obligación de proveer fondos para abortos médicamente necesarios.

1980
Williams contra Zbaraz
448 U.S. 358
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una versión de Illinois de la Enmienda Hyde.
Fundamento legal:  la ley es constitucional por las mismas razones por las que se ratifica la Enmienda Hyde en el caso Harris contra McRae (ver arriba).

1981     
H.L. contra Matheson
450 U.S. 398
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley de Utah que requería que el médico notifique al padre de una menor no emancipada antes de realizar un aborto.
Fundamento legal:  la ley es constitucional.  La demandante es una menor dependiente, que vive en su casa, que no ha argumentado que es suficientemente madura como para dar su consentimiento informado para el aborto ni que tiene ningún tipo de problema con sus padres como para no realizar la notificación.  Con relación a esta menor, la ley es válida.  Los jueces Stewart y Powell redactaron un fallo conjunto señalando que las menores maduras y aquellas cuyo interés superior exige que los padres no participen, tienen derecho a un aborto confidencial.

1983
Akron contra Akron Center for Reproductive Health
462 U.S. 416
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ordenanza de Akron, Ohio, que requería: (a) que la mujer esperara 24 horas entre el consentimiento y la realización del aborto; (b) que todos los abortos después del primer trimestre de embarazo se realizaran en hospitales totalmente equipados; (c) que las menores de quince años contasen con autorización judicial o de los padres para realizarse un aborto; (d) que el médico que la atiende proporcionara a la mujer información pertinente al consentimiento informado; (e) que se entregara información específica a la mujer, antes del aborto, incluyendo detalles de la anatomía del feto, una lista de los riesgos y consecuencias del procedimiento, algunos de los cuales eran falsos o hipotéticos, y una declaración señalando "el niño no nacido era una vida humana desde el momento de la concepción"; y (f) que los restos del feto fuesen desechados en forma "humanitaria".
Fundamento legal:  todas las partes cuestionadas de la ordenanza son inconstitucionales:  (a) el período de espera de 24 horas no sirve para proteger la salud de la mujer ni para garantizar el consentimiento informado; (b) el requisito de hospitalización después del primer trimestre interfiere con el acceso de la mujer a los servicios de aborto sin proteger su salud porque el método de dilatación y evacuación (D&E) de aborto de mitad de trimestre se puede realizar de manera segura tanto en centros ambulatorios como en hospitales de servicios completos; (c) el requisito de que los menores cuenten con autorización no garantiza una alternativa judicial adecuada para la intervención de los padres (ver Bellotti II, 1979); (d) el requisito del asesoramiento médico aumenta el costo del aborto y no es necesario para garantizar el consentimiento informado ya que el médico puede delegar la tarea de información a otra persona calificada; (e) el "guión" del médico para el consentimiento informado se inmiscuye con la opinión personal del médico en lo que respecta a qué es mejor para cada mujer en particular y contiene información destinada a disuadir a la mujer de realizar el aborto; y (f) y el requisito de desechar los restos del feto en forma "humanitaria" es demasiado vago como para dar un aviso oportuno de lo que requiere la ley.
  En 1992, la Corte Suprema desestimó partes de este caso (ver Planned Parenthood contra Casey).

1983
Planned Parenthood of Kansas City, Missouri, contra Ashcroft
462 U.S. 476
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley de Missouri que requería que (a) todos los abortos realizados después del primer trimestre se realizaran en hospitales; (b) las menores de 18 tuvieran autorización paterna o judicial para abortar; (c) dos médicos estuviesen presentes en el aborto de un feto viable y (d) se obtuviese un informe forense de cada aborto.
Fundamento legal:  (a) el requisito de hospitalización es inconstitucional por las razones especificadas en el caso City of Akron contra Akron Center for Reproductive Health (1983); (b) el requisito de la autorización paterna es constitucional porque la alternativa judicial incluida en la ley se adecua a las normas estipuladas en el caso Bellotti II (1979); (c) la presencia de dos médicos en los abortos tardíos sirve a los fines de asegurar el interés superior del estado de proteger la vida potencial después de la viabilidad y, por lo tanto, es constitucional; y (d) el requisito del informe forense es constitucional porque representa sólo una pequeña carga económica para la mujer y protege su salud.

1983
Simopoulos contra Virginia
462 U.S. 506
Naturaleza del caso:  condena penal de un médico por violar una ley de Virginia que requiere que los abortos posteriores al primer trimestre de embarazo se realicen en hospitales.
Fundamento legal:  se ratifica la condena del médico.  La legislación de Virginia dispone que los centros quirúrgicos ambulatorios independientes obtengan licencia como “hospitales”.  Por lo tanto, la legislación de Virginia no es restrictiva como las leyes cuestionadas en el caso City of Akron contra Akron Center for Reproductive Health (1983) y Planned Parenthood of Kansas City, Missouri contra Ashcroft (1983) y, por lo tanto, es constitucional.  El Dr. Simopoulos podría haber evitado las condena penal si la clínica hubiese tenido licencia.

1986
Babbitt contra Planned Parenthood of Central and Northern Arizona
789 F. 2nd 1348 (9th Cir. 1986)
Ratificada 479 U.S. 925 (1986)
Naturaleza del caso:  la Corte Federal de Apelaciones del Circuito Noveno determinó la inconstitucionalidad de una ley de Arizona que prohibía los subsidios de fondos estatales de planificación familiar a organizaciones que realizaran abortos u ofrecieran servicios de orientación y referencia relacionados con el aborto.  La corte de apelaciones señaló que la ley tendría validez solamente si el estado pudiese probar que era la única forma de impedir que su dinero se utilice para pagar abortos y actividades relacionadas con el aborto.  Como el estado no pudo probar este hecho, la ley fue anulada.
Fundamento legal:  La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratificó sumariamente el fallo del Circuito Noveno sin emitir un dictamen.  Comparar, Rust contra Sullivan (1991).

1986
Thornburgh contra American College of Obstetricians and Gynecologists, Pennsylvania Section
476 U.S. 747
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a la Ley de Control del Aborto de Pennsylvania de 1982 que requería (a) que una mujer recibiera información específica antes de realizarse un aborto, incluyendo materiales impresos preparados por el estado con la descripción del feto; (b) que los médicos que realizaran abortos una vez determinada la viabilidad del feto utilizaran los métodos que tuviesen mayores posibilidades de asegurar la supervivencia del feto, salvo que ocasionaran un riesgo "significativamente" mayor para la vida o la salud de la mujer; (c) la presencia del segundo médico en los abortos con fetos viables; (d) un informe detallado del proveedor de atención médica enviado al estado después de cada aborto, con informe abierto a la inspección pública; y (e) autorización de uno de los padres o de la corte en el caso de una menor.
Fundamento legal:  (a) la disposición relacionada con el consentimiento informado es inválida porque interfiere con la discrecionalidad del médico y requiere que la mujer reciba información con el propósito de disuadirla de realizarse un aborto; (b) la disposición que restringe los métodos para los abortos una vez determinada la viabilidad es inválida porque exige que la mujer afronte mayores riesgos de salud para maximizar las posibilidades de supervivencia del feto; (c) el requisito del segundo médico es inválido porque no hace excepciones para casos de emergencia; (d) el requisito del informe es inconstitucional porque se podría revelar la identidad de la mujer; y (e) la disposición sobre el consentimiento paterno es remitida a un tribunal inferior para considerarla dentro del marco de normas recientemente aprobadas por el estado.
 En 1992, la Corte Suprema Corte desestimó partes de este caso en Planned Parenthood contra Casey.

1989
Webster contra Reproductive Health Services
492 U.S. 490
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley de Missouri de 1986: (a) que declaraba que la vida comienza en el momento de la concepción; (b) que prohíbe el uso de fondos públicos para servicios de orientación a la mujer con relación a un aborto que no es necesario para salvarle la vida; (c) que prohibía el uso de servicios públicos para la realización de abortos que no son necesarios para salvar la vida de una mujer; y (d) que requería que los médicos realizaran exámenes para determinar la viabilidad del feto después de las 20 semanas de gestación.
Fundamento legal:  (a) la corte autorizó que tuviese efecto la declaración de cuándo empieza la vida porque cinco jueces acordaron que había evidencia insuficiente de que se utilizaría para restringir actividades protegidas tales como la elección del método anticonceptivo o el aborto.  Si la declaración se usara para justificar dichas restricciones en el futuro, las partes afectadas podrían objetar las restricciones en cualquier momento; (b) la corte se rehusó unánimemente a expedirse sobre la constitucionalidad del uso de fondos públicos.  La corte aceptó la declaración de Missouri de que esta disposición no estaba directamente dirigida a la conducta de ningún médico o proveedor de cuidados de salud en particular, público o privado, sino únicamente a las personas responsables del gasto de los fondos públicos, y que la disposición no impediría que los profesionales del cuidado de la salud que son empleados públicos brindaran información completa sobre el aborto a sus clientes; (c) la corte ratificó la disposición que prohibía el uso de servicios públicos.  Dispuso que el estado podría poner en práctica una política para favorecer el nacimiento sobre el aborto asignando recursos públicos como hospitales y personal médico; y  (d) la corte ratificó la disposición que requería la realización de exámenes de viabilidad entendiendo que no solicitaba exámenes cuya realización era “imprudente” o que implicara “negligencia”.

1990
Ohio contra Akron Center for Reproductive Health
497 U.S. 502
Naturaleza del caso:  cuestionamiento de una ley de Ohio de 1985 que requería que el médico que realice un aborto a una menor informara al padre o tutor con 24 horas de anticipación.  A pesar de que la ley establece un mecanismo judicial alternativo, la Corte de Apelaciones del Circuito Sexto determinó que varios aspectos de ésta constituían una restricción excesiva para las menores y que contenía vicios de constitucionalidad.
Fundamento legal:  sin determinar si una ley que requiere la notificación a uno de los padres solamente requiere una alternativa judicial, la corte determinó que la alternativa estipulada por la ley de Ohio satisfacía las normas constitucionales.  La corte rechazó el argumento de que la alternativa judicial contenía vicios porque requería que la menor firmara documentos judiciales, demostrara su derecho a evitar la intervención de los padres mediante pruebas definitivas y convincentes, y tuviera que esperar hasta tres meses para obtener una decisión de la corte.  También ratificó el requerimiento de que el médico notificara personalmente al padre.

1990
Hodgson contra Minnesota
497 U.S. 417
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a una ley de 1981 de Minnesota que requería la notificación a ambos padres biológicos, seguida de una espera de por lo menos 48 horas, antes de proceder al aborto de una menor.  No se proveía excepción alguna a este requisito en el caso de padres divorciados o parejas no casadas.  Una segunda sección de esta ley estipulaba una alternativa judicial si se ordenaba el procedimiento de notificación a ambos padres sin dispensa.  Las demandantes cuestionaron la segunda sección en base a la evidencia recogida durante los cinco años en los que estuvo en vigencia el requerimiento de la autorización paterna y la alternativa judicial.
Fundamento legal:  la corte sostuvo que la notificación a ambos padres sin alternativa judicial constituye una carga inconstitucional sobre el derecho al aborto de una menor.  Sin embargo, una mayoría diferente de la corte autorizó el mantenimiento de la segunda sección de la ley de Minnesota debido a la inclusión de una alternativa judicial.  Además, la corte ratificó la validez del período de espera de 48 horas después de la notificación antes de poder realizar el aborto.

1991
Rust contra Sullivan / State of New York contra Sullivan
500 U.S. 173
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a las disposiciones federales de 1988 que prohibían los servicios de orientación y remisión para abortos o defensa de los derechos de abortar en programas que reciben financiación bajo el Título X de la ley federal de Servicios Públicos de Salud (1970).  Además, las disposiciones exigen que las clínicas separen “financiera y físicamente” las actividades financiadas por el Título X de las actividades “relacionadas con el aborto” que se financian en forma privada.
Fundamento legal:  la corte estipuló que las disposiciones no violan la ley Título X porque constituyen una interpretación razonable de las prohibiciones legales contra el uso de fondos Título X en programas en los que “el aborto es un método de planificación familiar”.  La corte además, estipuló que las disposiciones no violan la Primera Enmienda ni el derecho a optar por el aborto y determina que el gobierno no tiene la obligación de pagar para que se puedan ejercer los derechos constitucionales.  La corte dispuso que la decisión del gobierno de no financiar la difusión de información no interfiere directamente con los  derechos de médicos, clínicas o pacientes, ya que los proveedores de atención médica son libres de ofrecer abortos e información relacionada con el aborto en programas separados, y las mujeres que desean información objetiva tienen libertad para obtenerla de otras fuentes.

1992
Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania contra Casey
505 U.S. 833
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a la ley de Control del Aborto de  Pennsylvania de 1989.  La ley de 1989 requería que, salvo en emergencias médicas:  (a) una mujer esperara 24 horas entre el consentimiento y la realización de un aborto; (b) la mujer recibiera obligatoriamente la información sobre el aborto dispuesta por el estado y se le ofreciera material informativo preparado por el estado sobre el desarrollo del feto; (c) una mujer casada informara al marido de su decisión de realizarse un aborto; y (d) el aborto, en el caso de menores, estuviese supeditado a la existencia de consentimiento de uno de los padres o de un tutor, entregado en persona en la clínica, o de una dispensa judicial.  Además, los médicos y las clínicas que realizan abortos estaban obligados a remitir anualmente al estado informes estadísticos sobre los abortos realizados durante el año, con los nombres de los médicos que los recomendaron.
Fundamento legal:  la corte reafirmó la validez de los derechos de la mujer a elegir el aborto según lo determinado en el caso Roe contra Wade, pero anunció una nueva norma de revisión que permitía restricciones al aborto antes de la viabilidad fetal en tanto no constituyeran una "carga excesiva" para la mujer.  Una restricción es una “carga excesiva” cuando tiene el propósito o el efecto de interponer un obstáculo importante para la mujer que procura un aborto.  Bajo esta norma, sólo la disposición que estipula la notificación al marido fue considerada un carga excesiva y, por lo tanto, inconstitucional. Se consideró que todas las demás disposiciones no constituían una carga excesiva.

Al ratificar las restricciones al aborto en Pennsylvania, la corte invalidó parte de dos de sus fallos previos, City of Akron contra Akron Center for Reproductive Health (1983) y Thornburgh contra American College of Obstetricians and Gynecologists (1986).

1993
Bray contra Alexandria Women's Health Clinic
506 U.S. 263
Naturaleza del caso:  Los manifestantes contra el aborto (incluidos los dirigentes de Operación Rescate) cuestionaron una orden judicial que prohibía sus actividades entre las que se incluía bloquear el acceso a centros de salud en el área de Washington, D.C.  La orden se basó en la ley de derechos civiles de 1871 que prohíbe los actos privados de conspiración que resulten violatorios de los derechos constitucionales.  Los manifestantes sostenían que sus actividades no violaban la ley.
Fundamento legal:  la corte sostuvo que las actividades de los manifestantes no violaban la ley de derechos civiles porque sus acciones no estaban motivadas por un “espíritu de discriminación contra la mujer en razón de clase”, según la ley lo prevé sino por la oposición al aborto.  La corte sostuvo además que el impacto incidental de los manifestantes sobre los derechos de la mujer para viajar a otros estados (con el propósito de realizarse un aborto) no constituía el tipo de violación a un derecho por el cual se sancionó la ley en 1871.

1994
National Organization for Women contra Scheidler (“Scheidler I”)
510 U.S. 249
Naturaleza del caso:  la Organización Nacional para las Mujeres (NOW) procuró utilizar la ley federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Organizaciones extorsivas y corruptas) (RICO) para demandar a las organizaciones antiaborto que participaban en bloqueos ilegales y otras actividades de acoso contra clínicas de salud reproductiva.  La ley RICO, sancionada en 1970 como herramienta contra el delito organizado, penaliza los "emprendimientos" realizados dentro de un "esquema extorsivo".  La organización NOW sostenía que la ley RICO era aplicable porque las acciones ilegales constituían una conspiración nacional para impedir el acceso al aborto utilizando prácticas de extorsión e intimidación para arruinar a las clínicas.  La Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Séptimo había dictaminado que el caso no podía proseguir porque la ley RICO se aplica sólo a actividades que son motivadas por ganancias económicas, lo que no podía demostrarse en este caso.
Fundamento legal:  la corte desestimó la decisión de la corte de apelaciones permitiendo la continuación del juicio tomando la ley RICO como base.  La corte sostuvo que la ley RICO se podía utilizar en ausencia de motivación económica y que el término “emprendimiento” podía incluir a cualquier persona o grupo de personas, sociedades, empresas, asociaciones u otra entidad legal.  (Ver fallos de 2003 y 2006 para consultar desarrollos posteriores.)

1994
Madsen contra Women's Health Center
512 U.S. 753
Naturaleza del caso:  los manifestantes antiaborto procuraron invalidar una orden judicial contra sus actividades en una clínica de Melbourne, Florida, basándose en la Primera Enmienda.  La orden prohibió las manifestaciones realizadas dentro de un radio de 36 pies de la línea de propiedad de la clínica; las manifestaciones que pudieran oírse o verse desde el interior de la clínica; la aproximación a cualquier persona que procura los servicios dentro de un radio de 300 pies de la clínica, salvo que la persona manifestara el deseo de comunicarse; y estableció una zona de amortiguación en un radio de 300 pies alrededor de las residencias de los médicos y el personal de la clínica.
Fundamento legal:  la corte determinó que la zona de amortiguación de 36 pies protegiendo las entradas y garajes de la clínica es una medida neutral y no viola los derechos de los opositores al aborto garantizados por la Primera Enmienda, y que la prohibición de ruidos molestos también era una medida constitucional.  La mayoría señaló que los intereses de Florida incluían "la protección de los derechos de la mujer de procurar servicios  médicos legítimos o de orientación relacionados con su embarazo”.  Pero la corte limitó el alcance de su fallo eliminando partes de la orden que iban más allá de lo necesario para proteger los intereses del estado, y que incluían la aplicación de una zona de amortiguación a ciertas propiedades privadas lindantes con la clínica, la zona de amortiguación de 300 pies alrededor de la clínica y las viviendas, y la prohibición en contra de “imágenes que puedan ser observadas" por los pacientes dentro de la clínica.

1997
Schenck contra Pro-Choice Network of Western New York
519 U.S. 357
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a la orden judicial que protegía el acceso a las clínicas de salud reproductiva basándose en la Primera Enmienda.  Se cuestionaron tres elementos de la orden: (1) una zona “fija” de amortiguación que prohibía toda manifestación dentro de un radio de 15 pies de las puertas, garajes y accesos a los estacionamientos; (2) una zona “flotante” que prohibía toda manifestación dentro de un radio de 15 pies de cualquier persona o vehículo que ingresara o saliera de las clínicas; (3) disposiciones de “cesar y desistir”, que autorizaba a no más de dos “consejeros en la acera” a aproximarse a los pacientes dentro de las zonas de amortiguación, pero requerían que los servicios de orientación terminaran fuera de las zonas y se retiraran a solicitud.
Fundamento legal:  El interés del gobierno de garantizar la seguridad pública y proteger la libertad de la mujer de buscar servicios relacionados con su embarazo, justifican órdenes judiciales adecuadas que aseguren el libre acceso a las clínicas.  La corte sostuvo que las zonas de amortiguación “fijas” eran necesarias para garantizar el acceso seguro a las clínicas considerando la conducta previa de los manifestantes.  Sin embargo, la corte eliminó la ”zona flotante de amortiguación” por inconstitucional por ser una carga mayor de lo necesario para proteger los intereses del gobierno.  La corte ratificó la disposición "cesar y desistir" porque permitía a los manifestantes transmitir su mensaje fuera de la zona y era necesaria para restringir su conducta anterior de acoso e intimidación.  Como la corte eliminó la zona “flotante”, no falló sobre las disposiciones de "cesar y desistir” en relación con esta zona.

1997
Mazurek contra Armstrong
520 U.S. 968
Naturaleza del caso: cuestionamiento a una ley de Montana que disponía que sólo médicos y no ayudantes de médicos pudieran realizar abortos.
Fundamento legal: la ley no tiene el propósito ni el efecto de imponer un obstáculo importante a una mujer que procura realizarse un aborto.  Por lo tanto, no constituye una carga excesiva sobre el derecho al aborto de la mujer y es constitucional.  La corte reiteró su posición de que "la práctica del aborto puede estar restringida a los médicos”.  Nota:  más tarde esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Montana según lo dispuesto por la Constitución de Montana. Armstrong contra Montana, 989 P.2d 364.

2000
Hill contra Colorado
530 U.S. 703
Naturaleza del caso:  cuestionamiento, basado en la Primera Enmienda, de una ley de Colorado que establecía una “zona burbuja” de 100 pies alrededor de cualquier establecimiento de salud.  La ley prohibía a las personas acercarse deliberadamente a más de ocho pies de distancia a otra persona que esté dentro de un radio de 100 pies de la entrada de un centro de salud, sin el consentimiento de esa persona, para entregarle folletos, exhibir un cartel o participar en una manifestación, actividad educativa o de orientación.
Fundamento legal:  la ley no viola la Primera Enmienda porque no regula la expresión en función de su contenido u opinión.  La corte determinó que era una restricción razonable de tiempo, lugar y forma que permitía ampliamente optar por medios de comunicación alternativos.  La corte determinó que:  (1) la distancia de ocho pies de separación requerida por la ley no afectaría negativamente la libertad de expresión regulada porque esta es una distancia normal para mantener una conversación; (2) como la ley sólo prohíbe los “abordajes”, los manifestantes no son responsables si están de pie quietos y otras personas se les acercan a menos de ocho pies de distancia; y (3) los manifestantes deben acercarse "deliberadamente", y la condición de “deliberadamente” los protege frente a acercamientos accidentales o inevitables dentro de los ocho pies de una persona que está en movimiento.  La corte también consideró el tema de la legitimidad del interés del estado por aprobar este tipo de restricción y determinó que es legítimo el interés del estado en proteger al oyente involuntario de intromisiones persistentes y obstinadas, particularmente en situaciones que el oyente no puede evitar.

2000
Stenberg contra Carhart
530 U.S. 914
Naturaleza del caso:  cuestionamiento a la prohibición de aborto en Nebraska.
Fundamento legal:  la ley es inconstitucional porque no prevé una excepción para situaciones en las que el procedimiento es necesario para proteger la salud de la mujer.  La excepción debe permitir el procedimiento prohibido tanto cuando la condición médica de la mujer lo requiera y porque el procedimiento prohibido es menos riesgoso que otros.  Además, la ley crea una carga excesiva sobre el derecho al aborto de la mujer porque tiene el efecto de declarar ilegal el procedimiento de dilatación y evacuación (D&E), el método más comúnmente usado para el aborto realizado en el segundo trimestre.

2003 y 2006
National Organization for Women contra Scheidler (“Scheidler II y III”)
537 U.S. 393 y 547 U.S. 9
Naturaleza del caso:  la Organización Nacional para las Mujeres (NOW) procuró utilizar la ley federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) para demandar a las organizaciones antiaborto que participaban en bloqueos ilegales y otras actividades de acoso contra clínicas de salud reproductiva.  La ley RICO, sancionada en 1970 como herramienta contra el delito organizado, penaliza los "emprendimientos" realizados dentro de un "esquema extorsivo".  La organización NOW sostenía que la ley RICO era aplicable porque las acciones ilegales constituían una conspiración nacional para eliminar el acceso al aborto utilizando prácticas de extorsión e intimidación para arruinar a las clínicas.  Después de que la Corte Suprema determinó que el caso podía continuar aun cuando los grupos antiaborto no estaban motivados por razones económicas (ver fallo de 1994), el caso fue remitido a los tribunales inferiores para seguirse tramitando.  Un jurado determinó que los demandados habían violado la ley RICO al cometer extorsión, y la corte del distrito impartió una orden permanente prohibiendo a los demandados amenazar a las clínicas, a sus empleados o a sus pacientes en todo el país.  Los demandados apelaron fundamentando su acción en no haber realizado extorsión porque no obtuvieron nada de valor para sí al interferir con la prestación de servicios médicos.
Fundamento legal:  En Scheidler II (2003) la Corte Suprema anuló el fallo al dictaminar que dado que los demandados no adquirieron bienes, sus acciones no podían calificarse de extorsión bajo la ley RICO.  En Scheidler III (2006), la corte dictaminó que los actos y las amenazas de violencia aparte de la extorsión tampoco eran procesables bajo RICO.  La corte falló a favor de los demandados.

2006
Ayotte v. Planned Parenthood of Northern New England
546 U.S. 320
Naturaleza del caso:  Desafío a la ley de New Hampshire que requiere que se notifique a uno de los padres 48 horas antes de realizarle un aborto a una menor.  Las cortes federales inferiores sostuvieron que la ley era inconstitucional porque no permite la realización de un aborto inmediato sin notificar a uno de los padres en una emergencia médica que podría poner en peligro la salud de la menor.
Fundamento legal:  La corte no alteró el fallo de las cortes inferiores de que el estatuto era inconstitucional porque carecía de una exención médica.  La corte sostuvo que New Hampshire no estaba disputando esta propuesta y que la misma estaba respaldada por precedentes previos de la corte que habían determinado que los estados no pueden restringir el acceso a un aborto que resulta necesario para preservar la vida o la salud de una mujer.  La corte sí sostuvo que las cortes inferiores quizás fueron demasiado lejos en interdecir la totalidad de la ley de notificación a los padres en vez de sólo su aplicación en situaciones de emergencias médicas.  La corte reenvió el caso a las cortes inferiores para determinar si un requerimiento judicial más limitado estaría dentro del marco de la intención de la legislatura de New Hampshire.

2007
Gonzales v. Carhart
y
Gonzales v. Planned Parenthood Federation of America, Inc.
550 U.S. ___ (18 de abril de 2007)
Naturaleza del caso:  Los desafíos a la prohibición federal al aborto (“Ley de prohibición al aborto por nacimiento parcial de 2003”), que considera un delito federal “asistir en un parto vaginal de un feto vivo intencional y deliberadamente” una vez que el feto ha cumplido con ciertos requisitos anatómicos “con el fin de realizar un acto manifiesto que la persona sabe matará el feto vivo parcialmente nacido.”  La prohibición no contiene una exención por la salud de la mujer.
Fundamento legal:  En una decisión cinco a cuatro, la corte mantuvo la prohibición.  La corte sostuvo que la definición de conformidad con la ley del procedimiento prohibido no es vaga y no impone una carga excesiva porque no alcanza lo que la corte denominó “D&E estándares.”  A pesar de 30 años de precedentes que requieren que las restricciones al aborto contengan exenciones para la salud de la mujer, la corte dictaminó que la prohibición no necesita una exención por motivos de salud porque existe “una incertidumbre médica si es que la prohibición impuesta por la Ley crea riesgos de salud considerables.”  Como explicó la Jueza Ruth Bader Ginsburg en opinión disidente, aunque la corte no invalidó ninguno de los precedentes, la decisión es “alarmante” porque “por primera vez desde Roe, la corte aceptó una prohibición sin imponer una exención que resguarde la salud de la mujer.”  Además de señalar que la opinión mayoritaria no respeta los precedentes bien establecidos por la Corte Suprema, la opinión disidente explica que la decisión mayoritaria no le da “la importancia debida” al “peso de la evidencia”, que incluye la opinión del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos de que los procedimientos prohibidos son “más seguros que los procedimientos alternativos y necesarios para proteger la salud de la mujer.”  Por lo tanto, en las palabras de la Jueza Ginsburg, “la Corte le niega a las mujeres el derecho a tomar una decisión autónoma inclusive a costa de su seguridad.”  No obstante, la corte dejó lugar a que se desafíe la prohibición “si se puede demostrar que en ocasiones específicas y bien definidas, una condición particular ha ocurrido o pudiera ocurrir en la que el procedimiento prohibido por la Ley debe ser utilizado.”

 

Intrusión en la privacidad de la mujer embarazada

2001
Ferguson contra City of Charleston
532 U.S. 67

Naturaleza del caso:  un hospital del estado analizaba habitualmente la orina de las mujeres embarazadas para detectar el consumo de cocaína y entregaba los resultados a las fuerzas de seguridad.  Diez mujeres que fueron arrestadas como resultado de esta práctica demandaron al hospital fundamentando su acción en la violación a su derecho de la Cuarta Enmienda de estar libres de investigaciones y embargos sin causa justa.
Fundamento legal:  un hospital del estado debe obtener el consentimiento informado de sus pacientes (o una orden judicial) para tomar muestras de orina a efectos de recabar pruebas para demostrar un delito.  En caso contrario, se viola el derecho de las pacientes a la Cuarta Enmienda.

Referencias citadas

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Preparado por — Departamento de políticas públicas y legales de Planned Parenthood Federation of America
Traducción —  Susana Petit y Judith Cohen

Publicado: 03.06.06 | Actualizado: 05.14.07

Publicado por la Biblioteca Katharine Dexter McCormick

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