En los 34 estados que tienen leyes en efecto que exigen la participación de por lo menos uno de los padres para tomar la decisión de abortar, la adolescente que no quiere informar a sus padres debe viajar a otro estado u obtener la autorización de un juez — recurso conocido como procedimiento de “alternativa judicial” — para poder realizar un aborto.  Ese requerimiento casi siempre provoca un retraso que puede provocar un aumento del costo del aborto y del riesgo de la salud física y emocional de la joven, ya que un aborto temprano es más seguro (Paul, et al., 1999).

En la actualidad, los miembros del Congreso que están en contra del aborto procuran dificultar aún más la situación para que las menores que residen en estados con leyes que requieren la participación de los padres en caso de aborto, puedan obtener un aborto mediante la llamada "Ley de protección de la custodia de los hijos" (“Child Custody Protection Act” — CCPA, por sus siglas en inglés).  El proyecto de ley procura penalizar el traslado de una menor fuera del estado para realizarse un aborto salvo que se haya dado cumplimiento en el estado de residencia de la menor al requerimiento legal de hacer partícipes a sus padres.  Si el proyecto se convirtiese en ley, las personas culpables podrían ser condenadas a penas de prisión, multas y juicios civiles (H. R. 1755, 2003; S. 851, 2003).

Exigir el consentimiento de los padres para el aborto de una menor es una medida que no está de acuerdo con las leyes de los estados que disponen la prestación de una variedad de servicios médicos a menores

Los que proponen la participación obligatoria de los padres sostienen que los padres tienen derecho a decidir qué servicios médicos reciben los hijos.  Sin embargo, los estados han reconocido desde hace mucho tiempo que muchos menores tienen la capacidad para prestar consentimiento para su propia atención médica y que, en ciertas áreas críticas como salud mental, adicción a drogas o alcohol, tratamiento de infecciones de transmisión sexual (STIs, por sus siglas en inglés) y embarazo, el derecho a la atención confidencial es una necesidad de salud pública (Donovan, 1998).

• Veintidós estados y el Distrito de Columbia otorgan a todos los menores la facultad para decidir sobre métodos de control de la natalidad.  Aproximadamente otros once estados otorgan esta facultad a la mayoría de los menores (AGI, 2004a).
• Treinta y cuatro estados y el Distrito de Columbia autorizan a una menor embarazada a recibir cuidados prenatales y atención en el parto sin consentimiento ni notificación a los padres (AGI, 2004b).
• Los 50 estados y el Distrito de Columbia otorgan a los menores la facultad para prestar consentimiento para el diagnóstico y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual (AGI, 2004c).

Muchas de estas leyes autorizan a las menores a dar consentimiento para los tratamientos que entrañan mayor riesgo médico que un aborto de primer trimestre, como por ejemplo, intervenciones quirúrgicas durante el embarazo y cesáreas.  Sin embargo, muchos de estos mismos estados exigen el consentimiento de los padres para efectuar un aborto.

La mayoría de los adolescentes hace partícipe a uno de sus padres de la decisión de abortar, aun cuando no estén legalmente obligados.  Muchos tienen razones importantes para procurar servicios confidenciales

Es una minoría es la que no hace partícipe a uno de sus padres de su decisión.  En su mayoría, tienen razones de peso para tomar esta medida.  Un estudio realizado en el año 1991 con menores no casados que se hicieron abortos en distintos estados donde la ley no exige la participación de los padres concluyó que:

• El sesenta y uno por ciento de las participantes informó que por lo menos uno de sus padres sabía de su aborto.
• De las menores que no informaron a sus padres del aborto, el 30 por ciento tenía antecedentes de violencia familiar, temían sucesos violentos o temían verse obligadas a abandonar el hogar.
• En su gran mayoría, las menores que no informaron a sus padres eran las de más edad (entre 16 y 17) y trabajaban.
• Todas las encuestadas que no informaron a sus padres del embarazo consultaron su decisión de abortar con otra persona además del personal de la clínica, como el novio (89 por ciento), un adulto (52 por ciento) o un profesional (22 por ciento)
  (Henshaw & Kost, 1992).

La falta de una atención confidencial de salud reproductiva perjudica a los adolescentes

La evidencia sugiere que la falta de confidencialidad para acceder a los servicios de cuidados de salud sexual demora y hasta restringe el uso de esos servicios por parte de los menores.  Una encuesta con pacientes de aborto realizada en todo el territorio de los Estados Unidos por el Alan Guttmacher Institute (AGI), determinó que el 63% de las menores que se hacían abortos tardíos (después de las 16 semanas de gestación) mencionaba el temor de contar a sus padres como la razón de la demora (Torres & Forrest, 1988).  En agosto de 2002, el Journal of the American Medical Association publicó un estudio de menores que procuraban obtener servicios de cuidados de salud sexual en los centros de salud de Planned Parenthood de Wisconsin.  Casi la mitad (47%) de los encuestados informó que interrumpirían el uso de los servicios de Planned Parenthood si se notificaba a sus padres que procuraban obtener anticonceptivos recetados.  Un 12% adicional demoraría o interrumpiría el uso de los servicios específicos de cuidados de salud sexual si fuera necesario la notificación a los padres.  Pero sólo el uno por ciento señaló que dejarían de tener relaciones sexuales vaginales (Reddy, et al., 2002).

La experiencia demuestra que las adolescentes que no pueden hacer partícipes a sus padres de su decisión de abortar se perjudican en los estados donde existen leyes que requieren el consentimiento y la notificación a los padres.  Ya sea que viajen a otros estados u obtengan la autorización judicial, los resultados son los mismos: demoras que pueden aumentar en gran medida los riesgos de la salud física y emocional así como también los costos.

• Si bien la mayoría de las jóvenes menores de edad de todo el país que procuran obtener una autorización judicial la obtienen, el proceso es complejo y lo que es más importante, es muy lento.  Los procedimientos judiciales en Minnesota habitualmente retrasan la realización de un aborto en más de una semana y a veces, hasta tres semanas (ACLU, 1986).
• En Minnesota, la proporción de abortos en el segundo trimestre entre las menores que interrumpen su embarazo aumentó en un 18 por ciento después de la puesta en efecto de la ley de notificación a los padres.  De igual modo, desde que entró en vigencia la ley de consentimiento paterno en Missouri, la proporción de aborto entre menores en el segundo trimestre de embarazo pasó del 19 por ciento en 1985 al 23 por ciento en 1988 (Donovan, 1992).
• Algunos estudios realizados en Pennsylvania y Alabama demostraron que la gran mayoría de las cortes en esos estados no estaban preparadas para poner en práctica la alternativa judicial.  Algunos funcionarios judiciales ni siquiera habían oído hablar de la existencia de la ley, a pesar de haber estado en efecto durante años (Silverstein, 1999; Silverstein and Speitzel, 2002).
• La forma en que cada estado aplica la ley de la alternativa judicial es errática.  En Minnesota, la corte federal de distrito determinó que las cortes del estado “denegaron sólo una proporción infinitesimal de las peticiones efectuadas desde 1981" (ACLU, 1986).  Un estudio realizado en Massachusetts determinó que se habían denegado sólo nueve de los 477 pedidos de aborto estudiados (Yates & Pliner, 1988).  Sin embargo, un informe de Ohio señaló que el porcentaje de dispensas denegado variaba entre un 100 a un 2 por ciento, según el condado en el que se presentaba la petición (Rollenhagen, 1992).

Algunos estados llegan a pedir la participación de ambos padres.  Estas leyes ignoran la realidad que viven los adolescentes.

• En el año 2000, aproximadamente 19 millones de jóvenes menores de 18 vivían con uno solo de sus padres.  Casi tres millones no vivían con ninguno de los dos (U.S. Census Bureau, 2001a).
• En el año 2000, el 33 por ciento de todas las mujeres que dieron a luz no estaban casadas (CDC, 2003).  Un estudio determinó que el 20 por ciento de los padres no casados tenía escaso o ningún contacto con sus hijos (Doherty, et al., 1998).
• Millones de niños viven con sólo uno de sus padres después del divorcio.  En el año 2000, el 54% de los padres solteros con hijos menores de 18 estaba divorciado o separado (U.S. Census Bureau, 2001b).  Un estudio determinó que la tercera parte de los padres divorciados no habían mantenido ningún contacto con sus hijos durante el año anterior (Doherty, et al., 1998).
• En Minnesota, más de la cuarta parte de los adolescentes que intentó obtener una alternativa judicial estaba acompañado por uno de los padres, que en la mayoría de los casos estaban divorciados o separados.  Según la corte federal de distrito que revisó la ley de Minnesota, muchos de los padres que tenían la custodia temían que el requerimiento de notificación “trajera al padre ausente de regreso al hogar de forma invasiva y abusiva” (Hodgson v. Minnesota, 1986).

Incluso, en los casos en que la adolescente puede lograr la participación de uno o ambos padres o esté dispuesta a obtenerla, los procedimientos dispuestos por algunas leyes estatales de consentimiento o notificación resultan muy difíciles de cumplir.

• Exigir que los adolescentes obtengan prueba certificada de que los padres han sido notificados o presentar un certificado de fallecimiento — en caso de padres fallecidos — puede constituir una barrera logística, llevar a situaciones que violen el derecho a la confidencialidad de padres y adolescentes, u ocasionar importantes demoras.
• La exigencia de que el médico localice y notifique personalmente a ambos padres podría fácilmente demorar el procedimiento e incrementar el costo.

La ley de protección de la custodia de los hijos perjudica a los menores

En abril de 2003, la ley CCPA volvió a presentarse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.  El proyecto de ley procuraba penalizar el traslado de un menor fuera del estado para obtener un servicio de aborto sin dar cumplimiento al requerimiento de obtener consentimiento o notificar a los padres en el estado de residencia de la menor.  En 1998, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 276 a 150 votos, pero el Presidente Clinton amenazó con vetarlo y el Senado nunca llegó a tratarlo (Eilperin, 1999).  En 1999, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados (House Judiciary Committee) aprobó la CCPA, rechazando cinco enmiendas propuestas, entre ellas las que creaban excepciones para abuelos, hermanos, tías y tíos, y religiosos que ayuden a las menores para acceder a prácticas de aborto (Superville, 1999).  Ese año se aprobó la ley en la Cámara de Diputados nuevamente, esta vez por 270 a 159 votos.  Sin embargo, el Senado tampoco la trató.  A pesar de que, si se aprobase, la ley solamente afectaría a un pequeño porcentaje de mujeres que procura obtener servicios de aborto — las menores sólo representan menos de 1 de cada 10 abortos realizados — tendría un impacto dramático.

• La CCPA penalizaría a cualquiera — un abuelo, hermano mayor, integrante de una comunidad religiosa, o a un profesional médico — que ayude a una menor a viajar fuera del estado para realizarse un aborto sin el consentimiento o la notificación a los padres exigida por el estado de residencia.
• La CCPA considera que dicha ayuda constituye un delito, aun cuando el aborto confidencial sea legal en el estado en el que se va a realizar el aborto y aun cuando ese estado autorice al abuelo o hermano adulto que acompaña a la menor a dar consentimiento legal para el aborto de la menor.
• De esta forma, la CCPA separa a las jóvenes de sus amigos de confianza y familiares que pueden ayudarla en momentos de crisis.
• La CCPA criminaliza a los familiares y amigos aun en situaciones de emergencia cuando la menor necesita un aborto inmediato para proteger su salud.
• La CCPA requiere potencialmente que la menor satisfaga diferentes requisitos legales en dos estados: el estado del cual procede y el estado en el que se realiza el aborto.  Si esos dos estados requieren el consentimiento o la notificación a los padres, es posible que la menor tenga que procurar una dispensa judicial en dos estados, demorando de esta forma la realización del aborto y aumentando los costos y los riesgos de salud.
• Dado que el 87% de los condados de Estados Unidos no cuentan con proveedores de servicios de aborto (Finer & Henshaw, 2003), la CCPA aumentará la carga que deben soportar las jóvenes que deben cruzar las fronteras del estado simplemente para acceder al proveedor de servicios de aborto más cercano.
• La CCPA también plantea otras cuestiones constitucionales y legales, particularmente vinculadas con aspectos federales.  La ley efectivamente deja sin efecto las leyes de esos estados que autorizan a los médicos la prestación de servicios confidenciales a menores que llegan al estado para realizarse un aborto y les niega a las personas su derecho a cruzar la frontera del estado para obtener servicios legales.  Dicha intervención del gobierno federal no tendría precedentes, y crea implicaciones graves para los estados y los derechos individuales
  (Saul, 1998).

Referencias citadas

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Autora Principal — John Mugge
Traducción — Susana Petit y Judith Cohen

Publicado: 08.02.04 | Actualizado: 08.02.04

Publicado por la Biblioteca Katharine Dexter McCormick

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