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Los proveedores de servicios de aborto en Kansas impugnan varias restricciones estatales diseñadas para dificultar la prestación y el acceso a los servicios de aborto

Overland Park, KS — Hoy, los proveedores de servicios de aborto de Kansas presentaron una demanda ante una corte estatal impugnando varias restricciones onerosas y dañinas. Estas leyes dificultan el acceso a los servicios de aborto al generar demoras y obligar a los proveedores a dar información inexacta y engañosa que amenaza la salud de los pacientes y socava la ética médica. Una de esas restricciones, que entrará en vigor el 1 de julio, obliga a los proveedores a decirle a sus pacientes que un aborto con medicamentos puede “revertirse”, lo cual es falso, no comprobado, y no se basa ni en la medicina ni la ciencia. Los legisladores estatales promulgaron esa ley poco después de que el gobernador vetara la medida y ocho meses después de que los habitantes de Kansas rechazaran abrumadoramente los esfuerzos por eliminar el derecho fundamental al aborto bajo la constitución estatal. 

A pesar de que el aborto está protegido como un derecho fundamental bajo la constitución del estado, los legisladores de Kansas han impuesto restricciones médicamente innecesarias a los proveedores de servicios de aborto y a los pacientes. En la demanda, los proveedores de servicios de aborto argumentan que estos requisitos violan la constitución del estado, incluyendo los derechos al aborto y a la libertad de expresión, y deben bloquearse. Los demandantes también han pedido a la corte que bloquee inmediatamente la llamada ley estatal de “revertir” el aborto con medicamentos antes de que entre en vigor el 1 de julio.

Las restricciones que se impugnan en la demanda incluyen:

  • El requisito de que los pacientes reciban información imprecisa como una exigencia por parte del estado, incluyendo las declaraciones médicamente infundadas de que el aborto representa un “riesgo de parto prematuro en futuros embarazos” y un “riesgo de cáncer de mama”.  
  • Requisitos burocráticos arbitrarios de que cierta información exigida por el estado se de al paciente en forma impresa, con cierto tipo de letra, tamaño de fuente y en color, 24 horas antes de un aborto, lo que retrasa el acceso a la atención médica urgente.
  • Una norma médicamente innecesaria que obliga a los pacientes a esperar 30 minutos después de reunirse con su proveedor de servicios de aborto, antes de si quiera poder recibir servicios de aborto.
  • Una ley que exige a los proveedores informar a los pacientes al menos cinco veces que un aborto con medicamentos puede “revertirse”, declaración falsa y potencialmente peligrosa que no está respaldada por evidencia científica.

“Los legisladores de Kansas continuaron atacando la libertad reproductiva en esta sesión legislativa al promulgar restricciones dañinas que retrasan la atención de los pacientes y los someten a mentiras sobre un procedimiento médico seguro y eficaz”, dijo Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America. “No se equivoquen: estas leyes están diseñadas para avergonzar y estigmatizar a las personas como parte de un esfuerzo más amplio para hacer que el aborto sea inaccesible. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se siguen socavando los derechos de los habitantes de Kansas, especialmente después de que el verano pasado dejaron muy en claro su apoyo al acceso al aborto. Con orgullo apoyamos a nuestros asociados en esta lucha y haremos todo lo posible para anular estas leyes y proteger el acceso de los pacientes a la atención, sin interferencias políticas”.

“Según la ley estatal, los médicos están obligados a mentir a sus pacientes con información que contradice directamente la medicina basada en la evidencia. Las personas merecen conocer los hechos y tener conversaciones honestas sin interferencias políticas”, dijo Emily Wales, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Plains.

Este caso fue presentado por el Centro de Derechos Reproductivos; Planned Parenthood Federation of America; Arnold & Porter y Teresa Woody en nombre de los demandantes Hodes & Nauser, M.D.S, P.A.; Traci Lynn Nauser, M.D.; Tristan Fowler, D.O.; y Comprehensive Health of Planned Parenthood Great Plains.  

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