Corte Federal Impide Que Se Aplique la Prohibición de Referir Abortos Fuera del Estado del Fiscal General de Idaho

Proveedores de atención médica pueden volver a ofrecer información y asistencia vitales sin temor a ser procesados

BOISE, ID — Ayer, un juez de una corte federal de distrito concedió una petición de emergencia de un grupo de proveedores de servicios de salud de Idaho para bloquear la aplicación de una opinión legal, emitida por el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, que afirmaba que la prohibición del aborto en Idaho prohíbe a los proveedores de servicios de salud referir pacientes para abortos fuera del estado. La orden judicial preliminar protege a los proveedores de cuidados de salud para que puedan seguir ofreciendo asesoramiento y asistencia completa a sus pacientes, sin temor a que el fiscal general los criminalice por facilitar información sobre servicios de salud que son legales en otros estados. En estados como Idaho, que prohíben totalmente el aborto, el poder referir a un paciente es una herramienta fundamental para que los proveedores les ayuden a acceder a una gama completa de cuidados esenciales, y un recurso vital para los pacientes que necesitan servicios de aborto.

La corte dictaminó que la interpretación del fiscal general sobre la prohibición de Idaho infringe la capacidad de los proveedores de servicios de salud para proporcionar una atención adecuada a sus pacientes al violar su derecho de la Primera Enmienda a referir a sus pacientes para los cuidados del aborto. La imposibilidad de proporcionar información médica vital mientras estaba pendiente la petición de los proveedores de servicios de salud ponía en peligro a innumerables habitantes de Idaho. Según los términos de la orden judicial preliminar, el fiscal general de Idaho no puede sancionar ni procesar a los proveedores de servicios de salud por referir, asesorar u ofrecer información a pacientes que buscan abortar fuera de las fronteras de Idaho.

Después de emitir el dictamen jurídico de marzo en el que se declaraba que los proveedores que ayudan a los pacientes a acceder a servicios de aborto fuera del estado pueden ser castigados en virtud de la ley de Idaho, el fiscal general Labrador retiró el dictamen por motivos de procedimiento tras la presentación de la demanda. Sin embargo, ese retiro no eliminó el temor “bien fundado” que la carta creó entre los proveedores de servicios de salud, como reconoció la corte. El fiscal general Labrador se ha negado a renunciar al contenido de la carta o a decir que no intentará aplicar la prohibición total del aborto en el estado a los proveedores por remitir pacientes a abortos fuera del estado. La amenaza del fiscal general, y su negativa a retractarse de ella, dejó a los proveedores de servicios de salud sin ninguna garantía de que podrían reanudar con seguridad su discurso y conducta constitucionalmente protegidos, sin exponerse al riesgo de una acción coercitiva. Como explicó la corte, a los proveedores médicos “no se les debe exigir que hablen primero y se arriesguen a las consecuencias”.

Luke's Health System, el mayor sistema hospitalario del estado, presentó un informe amicus curiae en el que subrayaba los perjuicios que la opinión del fiscal general causaba a proveedores y pacientes:

“Debido a la interpretación del fiscal general de la ley de Idaho, como se expresa en su carta, los médicos [...] se arriesgan a la responsabilidad legal y la suspensión de sus licencias médicas por el simple hecho de tener conversaciones francas con sus pacientes. Los médicos se ven incapaces de proporcionar su estándar de oro de atención médica, o incluso discutir dicha atención, por el riesgo de sanciones penales o revocaciones de licencias. En el mejor de los casos, la atención al paciente se retrasará mientras los médicos consultan a un abogado. En el peor de los casos, la atención al paciente se denegará por completo. Como resultado, los pacientes sufrirán consecuencias perjudiciales y totalmente evitables”.

Declaración de Rebecca Gibron, directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Northwest, Hawai’i, Alaska, Indiana, Kentucky (PPGNHAIK, por sus siglas en inglés):

“Aunque nos alegra ver este resultado, la verdad es que nunca deberíamos haber llegado a este punto. La opinión legal emitida por el fiscal general Labrador fue el resultado de la asociación del representante Crane con un grupo extremista en contra del aborto para tratar de engañar al sistema, y todas las partes son cómplices de negar a los pacientes de Idaho información médica vital desde que se compartió la carta”.

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America:

“Desde el principio, la opinión del fiscal general Labrador dejó claro que la carrera cuesta abajo de los políticos en contra del aborto no tiene límites. Los proveedores médicos ya tienen prohibido prestar servicios de aborto en Idaho. Impedirles que sirvan como recursos de confianza para sus pacientes —perjudicando aún más a las personas que necesitan atención— es una intromisión temeraria en sus derechos. Sabemos que estos esfuerzos extremos por limitar la libertad de los habitantes de Idaho no se detendrán aquí. Planned Parenthood seguirá luchando hasta que los proveedores médicos puedan proporcionar atención e información, y los pacientes puedan obtener la ayuda que necesitan para acceder al aborto”.

Esta demanda, Planned Parenthood Great Northwest, Hawái, Indiana, Kentucky vs. Labrador, fue presentada por abogados de Planned Parenthood Federation of America, la ACLU, la ACLU de Idaho y los bufetes de abogados Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Bartlett & French LLP y Stris & Maher LLP en nombre de PPGNHAIK, la Dra. Caitlin Gustafson y el Dr. Darin L. Weyhrich. La demanda y el escrito en apoyo de su solicitud de reparación inmediata están disponibles públicamente. Los abogados también presentaron declaraciones de Rebecca Gibron, directora general de PPGNHAIK, la Dra.Gustafson y el Dr. Weyrich.

Ayer, un grupo de proveedores de atención médica representados por la ACLU presentó una demanda judicial para impedir que el fiscal general de Alabama y los fiscales de distrito de todo el estado procesen a quienes ayudan a los habitantes de Alabama que desean cruzar las fronteras estatales para acceder a servicios de aborto legal. Esto ocurrió después de que el fiscal general amenazara con que los proveedores médicos podrían enfrentarse a cargos de delito grave por ayudar a los habitantes de Alabama a acceder al aborto fuera del estado.

Se puede ver una copia de dicha sentencia aquí. 

###

Planned Parenthood es el proveedor y defensor líder del país de una atención médica asequible de alta calidad para mujeres, hombres y jóvenes, como también el mayor proveedor del país de educación sexual.  Con más de 600 centros de salud en todo el país, las organizaciones de Planned Parenthood atienden a todos los pacientes con cuidado y compasión, con respeto y sin juzgarlos. A través de centros de salud, programas en escuelas y comunidades y recursos en línea, Planned Parenthood es una fuente confiable de información de salud que les permite a las personas tomar decisiones de salud informadas. Hacemos todo esto porque nos preocupamos de manera apasionada de ayudar a las personas a llevar vidas más saludables.